El proceso de concesión de rutas nacionales que impulsa el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo foco de tensión con la administración bonaerense. En ese escenario, la empresa estatal Aubasa presentó una oferta para administrar uno de los tramos incluidos en la licitación. La movida del gobierno de Axel Kicillof colocó a la compañía pública en el centro del debate.

La firma provincial se postuló para la concesión del corredor que incluye la Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas, una de las vías clave de acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La administración bonaerense tomó esa decisión después de revisar los pliegos de la licitación. Los documentos no incluyeron una cláusula que impida la participación de empresas estatales.

Ese punto marcó una diferencia con otros procesos recientes impulsados por el Gobierno nacional. En varias licitaciones de infraestructura se establecieron restricciones para compañías públicas. En este caso, la documentación del concurso vial no fijó esa limitación.

La postulación de la empresa bonaerense sorprendió a funcionarios nacionales. El dato surgió cuando se abrieron los sobres con los antecedentes y las ofertas de las firmas interesadas en operar los corredores con peaje.

El proceso incluyó a 15 compañías que buscaron quedarse con la explotación de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Esos tramos forman parte de los corredores denominados Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa.

Tras la apertura de sobres, la revisión técnica y económica quedó en manos de una comisión evaluadora que depende de Dirección Nacional de Vialidad. Ese equipo analizó los antecedentes de cada empresa para definir qué postulantes continuarán en carrera.

Dentro de ese análisis aparecieron observaciones sobre la empresa provincial. Uno de los aspectos en revisión se vinculó con su perfil operativo. Aubasa no funciona como una constructora tradicional, un punto que algunos evaluadores consideraron relevante dentro de la licitación.

Otro factor bajo estudio fue la situación financiera de la compañía. La comisión revisó el nivel de activos líquidos en relación con las exigencias que fijaron los pliegos del concurso.

Fuentes del sector también señalaron que algunas firmas privadas quedaron bajo análisis. Tres constructoras no presentaron los balances anuales que exigía la documentación licitatoria. Esa falta podría dejarlas fuera del proceso.

Otra empresa observada fue CPC. Esa firma tuvo la concesión del mismo corredor vial hasta 2017. La gestión de Mauricio Macri rescindió ese contrato.

En la administración bonaerense siguen de cerca el avance de la licitación. Si Aubasa queda afuera del proceso, el gobierno de Kicillof analiza una presentación judicial para cuestionar la decisión. Esa posibilidad anticipa un nuevo capítulo en la disputa política entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires por el control de la infraestructura vial.