La Corte Suprema de Justicia estaría por ratificar el fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta; el que debería ser cumplido desde ahora.

Desde Libres del Sur, de ser así, rechazaron y condenaron dicha sentencia por las siguientes razones:

En primer lugar, porque la misma, por encima de la decisión judicial, tiene una clara e indiscutible intencionalidad política. En reiteradas oportunidades esta misma Corte ha manifestado, de distintas maneras, que las problemáticas políticas se deben resolver en todo lo posible en la esfera de la política, y no en la de la justicia. Por ejemplo, en el caso mas reciente e importante, el DNU 70/23 de este gobierno, de manifiesta inconstitucionalidad por atribuirse la potestad de modificar artículos de la Carta Magna y leyes enteras, no emitió dictamen a la fecha basándose justamente en lo que señalamos arriba: que debía resolverlo la política en el ámbito del Congreso de la Nación.

Sin embargo, ahora, contradiciendo aquello, emitiría postura habilitando la cárcel y la inhabilitación de una dirigente política que se apresta a ser candidata en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y a la que acorde a todas las encuestas la va a votar en dichos comicios una parte importante de la ciudadanía bonaerense. Es imposible, de ser así, no ver en este cambio de criterio cortesano, en una causa que se abrió con una denuncia de hace ya 17 años, una intencionalidad de intervenir políticamente en el terreno electoral en perjuicio de la ex Presidenta. Cuestión que rechazamos y reprobamos absolutamente.

De concretarse, se explicaría una vez mas el porqué de la desconfianza de nuestra sociedad hacia la justicia argentina; a la que visualiza con razón subordinada a los poderosos y sus intereses mientras no resuelve los problemas elementales de la gente de a pie. No es casual que, en estos tiempos de ofensiva de la derecha vernácula, capitaneada por el gobierno de Milei y los grandes grupos económicos, entre otros, la justicia no haya condenado en ninguna instancia al ex presidente Mauricio Macri en los ostensibles delitos de toda índole que ha cometido en lo público y en lo privado. Sabido es que dos jueces de la actual Corte Suprema fueron nombrados, en un primer momento, ilegalmente por Decreto de aquel. Como también que una mayoría de los jueces intervinientes en la primera y segunda instancia de este juicio a CFK tienen sus simpatías con el ex presidente y actual dirigente del PRO. Como bien dice nuestro Martín Fierro: “La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja”.
No es casual por ello, que un gobierno progresista como el que tiene hoy México haya reformado su Constitución y resuelto que los jueces, incluyendo los del máximo tribunal, deben ser electos por el voto de la ciudadanía y por un determinado período de tiempo. Es una manera concreta de que deje de ser una ficción y se transforme en una realidad la independencia de la justicia. Esa que no existe en nuestro país, como bien lo demuestra esta resolución de la Corte condenando a la ex Presidenta en pleno período electoral para impedirle ser candidata.