El presidente Javier Milei presentó el miércoles su “Ley Ómnibus” con la que busca profundizar sus reformas, fundamentalmente en la estructura y funcionamiento del Estado, pero también sumar facultades extraordinarias para evitar que el Congreso no le ponga trabas en su accionar y acumular más poder, sumando así más malestar entre los funcionarios que no están de acuerdo con este tipo de medidas.

Milei no ha llegado ni a las tres semanas al frente de la Casa Rosada y ya implementó medidas de ajuste económico y luego avanzó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con múltiples acciones para desregularizar la economía.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de entregarle en mano el colosal escrito al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto”, narra el artículo 1 del texto.

La inclusión del pedido de facultades delegadas hasta 2025 –con autoprórroga en manos del Poder Ejecutivo hasta 2027— y la inclusión de la ratificación del DNU 70/2023 –que entrará en vigencia este viernes— despertaron señales de alarma en la mayoría de los espacios políticos del Congreso, incluso en aquellos diputados que comparten algunos de los enunciados propuestos en el extenso proyecto: caldearon los ánimos e inclusive frenaron el avance de asuntos incluidos entre los 664 artículos que sí reunían consenso.

La cesión de facultades sólo recibió el respaldo de los propios legisladores de La Libertad Avanza y de algunos del PRO.

Por otro lado, el resto del arco opositor rechaza la pretensión de suma de poder del Ejecutivo: Unión por la Patria, la Izquierda, los bloques provinciales, la Unión Cívica Radical, el ala dialoguista del PRO y el bloque Hacemos Coalición Federal, a nivel de bancadas o por expresiones de algunos de sus integrantes, ya marcaron sus diferencias.

Hacemos Coalición Federal es, desde este miércoles, un bloque de 23 integrantes de sectores variopintos pretende erigirse como “la llave del quórum”, según se autopercibieron en su presentación. Lo integran republicanos experonistas como Miguel Pichetto y Emilio Monzó; los socialistas santafesinos; la menguada Coalición Cívica (le quedaron sólo 6 miembros); nombres como Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy y Florencio Randazzo, y los representantes del Gobierno de Córdoba.

No es poca cosa que los peronistas cordobeses integren este bloque opositor, ya que el gobierno de Milei tiene funcionarios de este espacio: el director de la Anses, Osvaldo Giordano, y el secretario de Transporte, Frango Mogetta, dos exfuncionarios del gobierno de Juan Schiaretti.

Pichetto, el presidente de este nuevo bloque, ya lanzó advertencias claras al gobierno de Milei respecto de las cuestiones de forma pero también de fondo de las iniciativas. Por ejemplo, dijo que el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley por cada empresa que quiera privatizar, “como lo hizo Carlos Menem” —resaltó— y que “muchos de los temas que están planteados en el DNU van a tener que ser ratificados por ley”.

Incluso en la Ley Ómnibus sorprendió al incluir un artículo, el 654, para que se ratifique su polémico DNU N° 70/23, desestimando los procedimientos formales que fija el reglamento parlamentario.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez alertó que, sumados, el mencionado DNU y el proyecto de ley representan un “intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el art. 30 de la Constitución”, que exige la participación de las mayorías parlamentarias.

La propuesta legislativa incluye varios de los aspectos que Milei anticipó, entre los que se destaca el listado de las 41 empresas del Estado a privatizar y la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria para aplicar los aumentos de manera discrecional.

Los legisladores de toda la oposición no macrista no ocultan su malestar. Vienen acumulando bronca desde el 10 de diciembre, cuando Milei decidió no hablar ante la Asamblea Legislativa y hacerlo de espaldas al Congreso, y sumaron descontento diez días después, cuando al anunciar el DNU el Presidente los acusó de ser “el problema de la Argentina”.

Algunos también computan como un ninguneo el hecho de haber mandado un DNU modificando más de 300 leyes, contenido que no puede ser discutido por el Congreso, que en estos casos solamente se pronuncia sobre la validez del instrumento, y la mayoría de ellos completó su hastío esta semana, cuando Milei dejó la sospecha de que algunos legisladores cobrarían coimas por aprobar leyes.

Es por esto que la mayoría de los diputados ajenos a LLA se expresaron en redes pidiendo que el presidente aclare sus dichos o haga la denuncia correspondiente, e incluso un sector del radicalismo –el más progresista— presentó un proyecto de resolución solicitando la institucionalización de la acusación para su posterior esclarecimiento.

Sin perjuicio de la delegación de facultades, el texto de la ley ómnibus generó diversas reacciones en los diputados y senadores que leyeron el extenso texto: hay miradas optimistas en cuanto a la supresión y simplificación de burocracia en trámites y a la reformulación del estatus de algunas empresas públicas en los bloques surgidos de lo que fue Juntos por el cambio y en fuerzas provinciales.

Sin embargo, genera preocupación la propuesta de reformular la distribución de bancas en la Cámara, donde la mayoría de las provincias pierden representación, y la idea de que las elecciones sean por distrito uninominal porque, según esgrimen legisladoras, significaría un importante retroceso en materia de igualdad de género en los cuerpos legislativos.

Con este panorama la intención de las presidencias de ambas cámaras (Martín Menem, en Diputados, y Victoria Villarruel, en el Senado) es terminar de definir esta semana la composición de las cuatro o cinco comisiones que iniciarán el debate de la ley ómnibus y la conformación de la bicameral que analizará el polémico DNU.

Haciendo cuentas en el aire analizan que el sector más duro contra las políticas de Milei suma 107 votos (UxP y la Izquierda); y que la suma de LLA, el PRO, la UCR y provinciales, a pesar de que sea un escenario poco probable, suma 127. Lo que pone a ambos espacios sin alcanzar los 129 que forman el quórum.

En el Senado el panorama es diferente: UxP suma 33 y está a tres del quórum, en tanto que la alianza coyuntural de 39 que se constituyó hace dos semanas para imponer las autoridades de la Cámara cuenta con cierta fragilidad ya que algunos de los confluyentes –sobre todo de fuerzas provinciales— también cuestionan el mega DNU y la intención del PE de arrogarse facultades del Congreso.