La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial y político. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal contra el secretario de Minería, Luis Lucero, a quien acusó de incurrir en un conflicto de intereses por su participación en decisiones que impactan sobre empresas con las que mantuvo vínculos previos.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia judicial. Allí, la organización también ratificó y amplió una denuncia previa contra la senadora salteña Flavia Royón. Sin embargo, el eje principal se centró en el rol del funcionario nacional dentro del proceso de modificación de la normativa.

Según los denunciantes, Lucero intervino en iniciativas que buscan flexibilizar la Ley de Glaciares, pese a que existía una excusación formal por su relación con proyectos mineros. Entre ellos mencionaron emprendimientos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). Para la organización, esa excusación “no fue efectiva”.

El funcionario acumuló antecedentes en el sector privado. Formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal. Allí asesoró a compañías mineras internacionales y participó en operaciones vinculadas al rubro. En ese listado aparecen firmas como Xstrata, AngloGold Ashanti y Rio Tinto. Para los abogados, ese recorrido configura un vínculo directo con intereses que podrían verse beneficiados por cambios regulatorios.

Durante el debate en el Congreso, la polémica también ocupó el centro de la escena. En un plenario de comisiones de Diputados, sectores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión. El reclamo lo impulsó Maximiliano Ferraro y sumó apoyos de otros legisladores. El argumento apuntó a sus antecedentes como abogado de empresas mineras.

En ese contexto, el propio funcionario reconoció su situación. “Me abstuve en expedientes de mis clientes”, afirmó ante cuestionamientos en el Congreso. Sin embargo, defendió la reforma y rechazó las críticas ambientales. “Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira. Tratan de generar miedo en la gente que solamente lee un título de un diario o escucha al pasar un comentario periodístico. No es el agua algo que queramos atacar”, sostuvo.

Las denuncias no se limitaron a Lucero. La organización amplió la acusación contra Royón. Señaló posibles incompatibilidades vinculadas a su actividad y su situación patrimonial. Además, advirtió sobre otros casos dentro del Congreso. En una comunicación dirigida a diputados, indicó que detectó situaciones similares, “incluyendo participación en calidad de accionistas o socios, proveedores del sector, tenedores de activos de distinto tipo o familiares de estas personas”.

Los abogados también mencionaron a otros legisladores. Entre ellos, Nicolás Massot y Emir Félix. En todos los casos, pusieron el foco en la posible existencia de intereses cruzados entre quienes deben legislar y el sector minero.

En paralelo, la organización planteó una advertencia de fondo. Señaló la presencia de un “entramado de intereses” entre funcionarios, estudios jurídicos, consultores y empresas. Según indicó, ese esquema responde a una lógica de “puertas giratorias” entre el ámbito público y privado.

“Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”, expresaron.

La Ley de Glaciares fija límites a la actividad en zonas sensibles y protege reservas clave de agua. Los cambios en debate abrieron un fuerte cruce político. Desde el ambientalismo sostuvieron que una eventual flexibilización podría habilitar explotaciones en áreas hasta ahora restringidas, con impacto directo sobre recursos estratégicos.