El Gobierno ya le giró a los gobernadores un borrador de la Ley Bases, el cual contempla reformas estructurales en materia laboral y jubilatoria. Como se sabe, La Libertad Avanza viene haciendo una feroz licuación en los haberes jubilatorios para poder alcanzar el deseado superávit fiscal, el principal objetivo económico del presidente Javier Milei.

Ahora, van más allá en el proyecto que se está debatiendo en el Congreso los próximos días: Por un lado, se dispuso la eliminación de la moratoria previsional, un plan de pagos para acceder a una jubilación que permitió acceder a este derecho a nueve de cada diez mujeres.

En simultáneo, dentro del capítulo laboral, se define un tope a la cantidad de años y en los montos reconocidos de aportes de trabajadores y trabajadoras informales en caso de ser registrados dentro del plan de regularización que propone el Gobierno.

El proyecto prevé que sólo se reconozca a los trabajadores en negro que sean formalizados –sin importar cuánto hace que trabajan ni cuál es el salario que perciben—hasta cinco años de antigüedad y con un salario mínimo para acceder al haber, el cual permitirá el acceso solo a una Prestación Básica Universal.

En el capítulo X de la Ley Ómnibus se encuentra solamente un artículo, el 274, que solo advierte que deroga la Ley N° 27.705. Esta ley, publicada el 14 de marzo del año pasado, sancionada por el Congreso, creó el «Plan de Pago de Deuda Previsional», tiene por objetivo «el ingreso de aportes previsionales por parte de personas físicas para el acceso a las prestaciones previsionales, en las condiciones que se establecen por la presente ley». Por un lado, se conforma por la Unidad de Pago de Deuda Provisional y por el otro, por la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad, detalladas en la misma normativa