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Las víctimas del ataque homofóbico en la Marcha del Orgullo 2017 se constituyeron como querellantes
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La jueza Paula Petazzi quedó a cargo de la causa.

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6 diciembre, 2017 0

Con el acompañamiento de la Comunidad Homosexual Argentina y 100% Diversidad y Derechos, las tres víctimas del violento ataque perpetrado por un grupo de varones homofóbicos durante la desconcentración de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ se presentaron hoy como querellantes ante la jueza Paula Petazzi, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 de Capital Federal. Se solicitó el encuadramiento del hecho en un crimen de odio basado en la orientación sexual y la expresión de género, la adopción de medidas de prueba y de protección, luego de que fuera liberado el único detenido por el ataque.

El ataque ocurrió en la calle Montevideo, entre la Avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, el pasado sábado 18 de noviembre cuando un grupo de varones homofóbicos salió de una casa y al grito de “putos degenerados” golpeo con un palo de hockey y amenazó a participantes de la marcha del orgullo que se desconcentraban. Carca de las 22hs, decenas de personas se concentraron en el lugar para repudiar la agresión hasta que se hizo presente el juez Pablo Ormachea, quien se encontraba de turno esa noche y ordeno el allanamiento y la detención de uno de los agresores.

La marcha del Orgullo LGBTIQ es el evento social y político más importante de la comunidad LGBTIQ. En la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 26 años confluyen celebración y reclamos en un evento multitudinario, pacífico, diverso y de reivindicación de los derechos humanos, siendo ese el contexto en el cual se produjo el ataque homofóbico. En ese sentido, la querella sostiene que la ley 26.791, conocida como “femicidios”, incorporó los crímenes de odio y por violencia de género, hacia la identidad de género, la orientación sexual y/o expresión de género (artículos 80 y 81 del Código Penal modificados), estando también esos agravantes vigentes para los delitos de lesiones, entre otros (arts. 89, 90, 91 y 92 del CPN). Así, el escrito sostiene que “La violencia ejercida por los autores de los hechos denunciados y llevados a cabo contra el colectivo LGBTIQ, son actos de odio hacia nuestra identidad de género, expresión de género y orientación sexual”.

Desde 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) sostuvieron que estos no son hechos aislados. Cesar Cigliutti, presidente de la CHA, expresó que “en los últimos dos años se duplicaron las denuncias de agresiones y ataques por orientación sexual en espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Existen discursos y expresiones de odio hacia la diversidad sexual que son legitimadas o naturalizadas desde sectores de poder, ya sean religiosos, de medios de comunicación o del Estado que le dan marco a la violencia homofóbica”. Por su parte, Martín Canevaro, Secretario General de 100% Diversidad y Derechos sostuvo que “Los ataques homofóbicos a compañeros que se desconcentraban de la Marcha del Orgullo fueron aleatorios, por eso deben entenderse como actos de odio a nuestra orientación sexual, identidad de género o su expresión. Por ello, para erradicar la violencia y la discriminación hay que transformar la educación y la cultura a través de una Ley Antidiscriminatoria que incluya el respeto a la diversidad y la no discriminación en los contenidos educativos”.

En el escrito, además, se explica que “los crímenes de odio están entre los muchos tipos de crímenes que reciben pocas denuncias cada año. Con frecuencia, la razón que dan las víctimas de un crimen de odio es que eligen guardar silencio acerca del incidente en lugar de denunciarlo a las autoridades pertinentes, debido a la mala actitud y la minimización de estos hechos que son llevadas a cabo a priori por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales intervinientes”. En ese sentido se hace referencia a las recomendaciones que Naciones Unidas y la CIDH realizan respecto del acceso a la justicia de las personas LGTBIQ, entre las cuales se encuentran “adoptar medidas para garantizar que desde el inicio de la investigación se examinen los motivos detrás de la violencia, y que se abran líneas de investigación que permitan analizar si el crimen se basó en la orientación sexual o la identidad de género de la víctima o víctimas”, también esos organismos recomiendan atender “la naturaleza o significado del lugar donde se desarrolló la violencia o incidente…” y si “la víctima o víctimas habían estado con una pareja o grupo de personas LGBT cuando la violencia ocurrió”.

La querella de las víctimas es llevada por la abogada y activista lesbiana feminista, Luciana Sánchez como parte de un trabajo de articulación entre 100% Diversidad y Derechos, la Comunidad Homosexual Argentina y el Colectivo por la Diversidad (COPADI).

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