Autoridades universitarias coincidieron en que se trata de una «una acción discriminatoria» y que viola las leyes.
Ayer por la tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni sorprendió con el anuncio de que el Gobierno iba a implementar reformas en el régimen migratorio que permitiría a universidades nacionales el cobro a estudiantes extranjeros, igual que en el sistema de salud donde se les arancelaría la utilización de hospitales. Ante esta situación, desde el Concejo Interuniversitario Nacional se manifestaron en rechazo a esta propuesta.
Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), habló en Radio Provincia al respecto y se lamentó porque «no nos damos un debate de fondo sobre la educación en Argentina. Parece que el único tema que hay para debatir en la educación está relacionado con el dinero». «Tienen un gran desconocimiento sobre el tema», opinó y recordó que «para arancelar la educación hay que modificar la ley y la política migratoria».
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, remarcó que «en el anuncio hace falta precisión»: «Lo primero que debería suceder, si el Gobierno tiene voluntad de avanzar en esta decisión, es que presente un proyecto para poder discutir con claridad y rigurosidad cuál es la medida, el alcance y el impacto que podría tener». «Una medida de esta naturaleza no soluciona el problema del financiamiento universitario», manifestó en Aire Digital.
Por último, el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) emitió un comunicado considerando que el anuncio del oficialismo es «una nueva muestra de barbarie política». «La medida no sólo constituye una acción discriminatoria sino también resulta violatoria de la carta magna y las leyes vigentes«, expresaron y calificaron a las actuales posturas educativas como «ideologías fascistas y ultrareaccionarias».