La iniciativa que pretende reformar el Código Procesal Penal tiene como meta limitar las excarcelaciones para “desalentar el delito con utilización de menores”, según explicó el ministro Ricardo Casal.

Además, el titular de la cartera de Justicia señaló “vamos a pedir el agravamiento de las condiciones de excarcelación para quien utilice armas de fuego”.

Ambos proyectos se encuentran actualmente siendo estudiados en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Esta semana, La Noticia Web dialogó con el senador Roberto Costa, quien afirmó: “esta ley que se va a aprobar no es la que envió el ejecutivo, está bastante mejorada. Creemos que vamos a estar de acuerdo con la sanción de esta ley”.

En tanto, Roberto Ravale, titular de la Comisión, declaró, en “El Parlamentario”, que estaba de acuerdo con la iniciativa: “seremos firmes y limitaremos las excarcelaciones cuando hay menores mandados por adultos, o cuando el robo es llevado a cabo por menores, pero junto con adultos”.

Como contrapartida, lo que se cuestionó sobre la medida tiene que ver con el estado actual de hacinamiento en cárceles y comisarías. Ante un sistema colapsado, esto sólo contribuiría a empeorar la situación. Así lo expuso entre otros, el titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Walter Martello.

Mientras, la apuesta del Ejecutivo consiste en liberar las comisarías mediante la implementación de “alcaldías”. Se trata de 26 unidades que serán construidas en los predios de diferentes penales. Así, se podría contar con más efectivos en la calle.

CODIGO CONTRAVENCIONAL

Los cambios en el Código fueron los que despertaron inmediatamente las críticas en varios sectores de la sociedad. Con ese marco legal la policía quedaría habilitada para detener a quienes infrinjan las nuevas normas.

Algunas de las figuras sugeridas fueron la de vagabundos, ebrios, merodeadores. Así como también se penaría a ciudacoches, limpiavidrios, o cartoneros que utilicen caballos o animales para sus carros.

Además, la propuesta original incluye sanciones a quienes “marchen con máscaras en la calle” o realicen “escarches”. Así, varios opositores expresaron que se trataba de un “retroceso” gravísimo que avasalla derechos y criminaliza a la pobreza.

Otro dato saliente del proyecto original es que se estipula que en caso de que el infractor no pueda pagar la multa, que podría ascender a los 7.000 pesos, este podría ser detenido.

Hasta el momento, todo indica que la reforma para endurecer las excarcelaciones obtuvo más avales en las filas opositoras. Asimismo, la iniciativa de las alcaldías podría sumarle apoyos. Y en lo que respecta al controvertido Código Contravencional, si bien el escenario parece un poco más empantanado, hay rumores de que el bloque del Pro apoye el proyecto que habría sido modificado con la participación de representantes del CELS. En este contexto, continuarán las negociaciones de las dos leyes que el Gobierno de Scioli impulsa para combatir la inseguridad.

Por Silvana Fabeiro