El gobierno ha informado que varios gobernadores provinciales expresaron su deseo de dialogar, pero como algunos de ellos se encuentran de viaje, se coordinarán más encuentros para abordar sus inquietudes. La principal meta del Ejecutivo es retomar la discusión sobre la versión original de la Ley Bases. En la mesa de negociación, se percibe una atmósfera de desconfianza y se están realizando demandas de garantías y claridad sobre los compromisos.
El gobierno de Javier Milei confirmó que finalmente la reunión con los gobernadores del próximo viernes (con horario aún por confirmar) no será la única, ya que hay algunos interesados que no podrán concurrir ese día, por lo cual estiman que habrá dos o tres encuentros con distintos grupos de mandatarios provinciales, con intención de construir los acuerdos necesarios en la previa al Pacto de Mayo.
Los gobernadores provinciales habían estado solicitando un diálogo con altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo a Milei, después de la primera experiencia con el debate sobre la ley Bases durante las sesiones extraordinarias. En ese momento, además de Guillermo Francos, los representantes de la Casa Rosada ante el resto de la política fueron el vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi (encargado técnico del contenido del proyecto), y el asesor Santiago Caputo (estratega político del Presidente), junto con otros enlaces como el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi.
En Balcarce 50 afirman que están dispuestos a «escuchar» a los gobernadores y desean entender las realidades provinciales para luego «negociar«. «Nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo para abordar la parte más crucial de la Ley Bases«, señalan desde una de las oficinas más influyentes de la Casa de Gobierno. En este listado se incluyen las facultades delegadas para el Presidente y la privatización de empresas públicas, dos de los puntos sensibles del proyecto que no prosperó durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
«No es la idea una reunión con todos los gobernadores porque hay algunos que están fuera del país, hay dos que están en Canadá. Seguramente habrá dos o tres reuniones con todos los dispuestos a venir. Hay algunos que dijeron que no quieren venir. Así que la primera será el viernes y habrá otra el lunes o martes«, detalló este martes el ministro del Interior.
Sobre estas reuniones, el funcionario agregó: «Vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo con principios básicos para cambiar la economía de la Argentina. Hay temas pendientes como la Ley Bases y el acuerdo fiscal para solucionar los problemas que tienen las provincias».
Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), y de San Juan, Marcelo Orrego (JxC), se encuentran actualmente en Canadá participando en una cumbre minera y habían expresado su interés en asistir a la convocatoria del gobierno de Javier Milei, por lo que planean asistir a la reunión de la próxima semana.
El gobernador de San Juan y su homólogo de Mendoza forman parte de un grupo de mandatarios que respaldan el «Pacto del 25 de Mayo» y están dispuestos a buscar acuerdos en las reuniones previas para firmar el documento que se presentará en Córdoba en dos meses. La mayoría de los gobernadores respaldan el pacto, aunque desean conocer en detalle su contenido y tener certezas sobre cómo se recompondrán sus finanzas tras el ajuste, la eliminación de subsidios y la eliminación de las transferencias no automáticas. Quieren dialogar. Quieren negociar.
En esa lista de mandatarios también se encuentran Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).
El objetivo principal del gobierno, además de los 10 puntos del Pacto de Mayo, es retomar la discusión sobre la Ley Ómnibus en su versión original, incluyendo el paquete fiscal que fue descartado anteriormente debido a diferencias en ciertos puntos con los gobernadores provinciales. En relación a esto, Francos anticipó que «es inevitable abordar los temas de la Ley de Bases porque implica la creación de muchas de las normativas contempladas en la ley».
En el caso de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ambos tienen previsto estar en la Casa Rosada el próximo viernes a pesar de haber sido muy críticos del gobierno libertario durante el último fin de semana, después del discurso presidencial del viernes por la noche. Mantienen una relación muy tensa con el oficialismo y lo que ocurra pasado mañana podría mejorarla o, en el peor de los casos, empeorarla. Es un momento crucial para el futuro próximo.
Por otra parte, el ministro reveló que el gobierno está trabajando en el proyecto original que fue presentado en el Congreso, y señaló que durante su tratamiento «hubo mucha confusión entre varios legisladores y gobernadores». «Quizás ahora lo entienden mejor y tienen la intención de llevar adelante la Ley. Es necesario abordar esto con la disposición de buscar puntos de acuerdo y coincidencia«, agregó.
La intención de convocar a los representantes provinciales es abordar una amplia gama de temas relacionados con las reformas, el pacto fiscal y las políticas de Estado que el gobierno pretende implementar, con el objetivo de evitar malentendidos con los gobernadores. Francos los recibirá por etapas y sostendrá una primera conversación, a la que luego se unirá el mandatario.
Entre los puntos del temario se incluirá el restablecimiento y la distribución de impuestos como el País y a las Ganancias para recomponer la coparticipación federal e interlocución con funcionarios de alto nivel, a cambio del apoyo a los proyectos de ley que la administración libertaria presente. También se sopesa tratar temas como el blanqueo de capitales, la moratoria y otros aspectos fiscales, como el régimen para pymes y Bienes Personales. El tema de las retenciones, que había generado mucha controversia en Córdoba y Santa Fe, se dejaría fuera. Se tratarían dos proyectos de ley separados, donde tanto el Gobierno como los gobernadores lograrían sus objetivos respectivos.
