La empresa avícola Granja Tres Arroyos suspendió durante todo el mes de agosto la actividad en su planta ubicada en la localidad de La Lonja, partido de Pilar. La medida alcanza a unos 150 trabajadores, quienes fueron notificados de que no deberán concurrir a sus puestos entre el 3 y el 30 de agosto, salvo que sean convocados por la jefatura de la planta o el área de Recursos Humanos.

A través de una comunicación interna, la compañía informó que durante ese período no se desarrollarán actividades operativas ni de faena, por lo que la producción permanecerá completamente paralizada.

La decisión se da en medio de un complejo conflicto laboral. Los trabajadores aseguran que la empresa mantiene atrasos salariales de al menos dos meses y todavía no abonó el medio aguinaldo correspondiente. Además, señalaron que el sueldo de mayo fue cancelado recientemente y en varias cuotas.

Frente a este escenario, algunos empleados comenzaron a realizar trabajos alternativos para afrontar los gastos familiares, mientras reclaman una mayor intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) para encontrar una solución al conflicto.

La situación de la planta de Pilar se suma a las dificultades que atraviesa Granja Tres Arroyos en otras unidades productivas. En Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, la planta La China permanece sin actividad normal y más de 900 trabajadores se encuentran afectados por la paralización de las operaciones.

La incertidumbre también impacta sobre proveedores, productores integrados, transportistas y otras empresas que forman parte de la cadena avícola vinculada a la firma.

Controlada por la familia De Grazia, Granja Tres Arroyos es una de las principales empresas avícolas del país, con una estructura que abarca desde la producción de alimento balanceado y la incubación hasta la faena, elaboración y comercialización de productos para el mercado interno y de exportación.

En paralelo, la compañía avanza en un proceso de reestructuración de pasivos estimados en 350 millones de dólares, un contexto que incrementa la preocupación entre los trabajadores de la planta de Pilar por la continuidad de la actividad y el cobro de los salarios adeudados.