Por Miguel Ángel Toma Ex Secretario De Inteligencia

La seguridad es una responsabilidad ineludible del gobierno nacional, aunque hoy, por su ausencia, hayan sido las provincias las que debieron asumir el desafío en inferioridad de condiciones ya que no cuentan con los recursos e instrumentos con que sí cuenta el primero, entre tantos otros, la conducción de las Fuerzas Armadas. Esto, sumado a la negación del problema primero y a la ausencia de respuestas eficaces después, ha abierto en la sociedad el debate –y la expectativa- acerca de si las mismas deben o no participar en esta lucha.

Y a esa expectativa debe dársele una respuesta adecuada y en el contexto legal vigente. En ese marco, las Fuerzas Armadas pueden y deben ser incluidas en la lucha contra la inseguridad, según lo previsto en la ley 24.059 de Seguridad Interior del año 1992 y votada prácticamente por la unanimidad de las fuerzas políticas. El artículo 27 de la misma señala: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso del requerimiento del Comité de Crisis, que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y transporte …”.

La crisis de inseguridad que nos afecta pone en creciente riesgo la vida, la libertad y los bienes de nuestro pueblo y si no se la enfrenta con todos los medios que el Gobierno dispone y la ley habilita puede convertirse, además, en una grave amenaza al Estado de Derecho.

La reciente declaración de emergencia en la materia por parte de la Provincia de Buenos Aires es un ejemplo palmario de ello. ¿Cuántas muertes más deben producirse para tomar conciencia del desafío que enfrentamos?

No tiene sentido, desde esta perspectiva, seguir manteniendo ociosos los enormes recursos humanos y materiales que el Estado acumula en el ámbito de las Fuerzas Armadas, mientras crece exponencialmente el narcotráfico, las fronteras son un colador y nuestro espacio aéreo es vulnerado sistemáticamente por aviones con su carga de degradación y muerte para nuestros jóvenes.

Qué importante sería, por ejemplo, que los helicópteros militares patrullaran las zonas calientes de los conglomerados urbanos y zonas de frontera conducidos por pilotos militares, transportando a gendarmes y policías que son los responsables de actuar en la prevención y represión del delito.

Notable sería el mejoramiento en la custodia de nuestras fronteras si se redistribuyeran unidades militares a lo largo de la misma sirviendo de apoyo en logística, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad que deben controlarlas.

Ni qué hablar del control del espacio aéreo si tuviéramos radares adecuados, desplegados estratégicamente y operados veinticuatro horas por día por personal de la Fuerza Aérea, con comunicaciones adecuadas a un comando centralizado para detectar cualquier intrusión en tiempo real. Ello implica un plan nacional de radarización del que mucho ha hablado el Gobierno y casi nada ha hecho y de una ley de intercepción de aeronaves que contemple, además, la provisión de aviones adecuados para este tipo de operaciones y de fabricación nacional como lo es, por ejemplo, el Pucará.

Infinita es la desagregación que podríamos seguir haciendo y que mejorarían sustancialmente la lucha contra este flagelo, sin por ello vulnerar los principios que fueron consagrados cuando desde el Parlamento dotamos al país de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. Estas, junto con la de Inteligencia, dados sus altísimos grados de consenso, se convirtieron en expresiones claras de lo que deben ser políticas de Estado.

Para lograrlo sólo son necesarias la voluntad de las diversas fuerzas políticas y la madurez de los dirigentes que, pensando en el futuro y en la angustia de la gente antes que en sus intereses personales, asuman la necesidad de enfrentar el flagelo de la inseguridad con planes integrales y acciones concretas y coordinadas.

Los slogans publicitarios y los golpes de efecto electoral en esta materia sólo consiguen agravar el problema y aumentan en la sociedad el descreimiento y la desconfianza en la capacidad o voluntad de la dirigencia política para resolverlo