En medio de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación para funcionarios y legisladores del Gobierno, se presentaron dos denuncias penales por el tema, las cuales ya fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py.

En la primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, se señaló al expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de «defraudación por administración fraudulenta», «defraudación contra la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».

En cuanto a la segunda denuncia, se involucra a Tillard junto a otros beneficiarios de los créditos, como el director de YPF, Emiliano Mongilardi; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−, Pedro Núñez y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.

La segunda presentación fue realizada por los presuntos delitos de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas», «abuso de autoridad», «violación de los deberes de funcionario público», «enriquecimiento ilícito» y «defraudación por administración fraudulenta».

La polémica surgió luego de que se conociera que decenas de miembros del Gobierno y legisladores oficialistas obtuvieron préstamos hipotecarios en los dos últimos años por cifras que, en algunos casos, llegan a los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra.

Los datos sobre los créditos hipotecarios, de acceso libre, provienen de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). El escándalo se potenció al ser sistematizada esa información por la plataforma “¿Cuánto deben?”, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot.

Al cruzar la data con el análisis de las declaraciones juradas se pudo rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados, senadores. Los casos denunciados son los que lograron los préstamos más altos junto a quienes presentan una inconsistencia llamativa entre el patrimonio declarado y el préstamo obtenido.

Tras el crecimiento de la polémica, los reclamos de investigación en el Congreso, dos denuncias y diferentes pedidos de informes, desde el gobierno de Javier Milei salieron a defender el otorgamiento de préstamos a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, revisando cada uno de los casos.

En este contexto, el canciller Pablo Quirno fue el encargado de responder las acusaciones. En paralelo, según indicó La Nación, el equipo de auditoría del banco, encabezado por Darío Wasserman, se ocupó durante el fin de semana de revisar cada uno de los casos expuestos.

Dado que algunas de las figuras afectadas son funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, el funcionario defendió a los miembros de su área y, en diálogo con Luis Majul por LN+, aseguró: «No tienen ventaja respecto del resto».

En medio de la polémica, fuentes oficiales sostuvieron que «no hay un solo crédito mal otorgado» y que «es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito», a la par que aclararon que «todos (los montos) están cubiertos» a través de garantías hipotecarias y codeudores, teniendo en cuenta que se trata de sumas elevadas.

El caso ya costó en el Gobierno la baja del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue echado de su cargo por la titular de la cartera, Sandra Pettovello, luego de que se conociera que se encontraba dentro de la lista de beneficiarios. De todas formas, desde el Gobierno se indicó que la salida del funcionario se debió a otros motivos y no por la toma del crédito.

Desde la administración libertaria también trataron el caso como un intento de frenar el proyecto del Gobierno de capitalizar con aportes privados el 20% de las acciones del Banco Nación para pasar a cotizar en la Bolsa de New York.