El cuadro social tras más de dos años de gestión de Javier Milei mostró señales de deterioro en múltiples frentes. Aumentó el desempleo, creció el pluriempleo y se expandió la informalidad. Los ingresos perdieron capacidad de compra y el consumo masivo mantuvo una tendencia negativa. En paralelo, los hogares destinaron una porción cada vez mayor de sus recursos al pago de servicios.

Ese escenario contrastó con el mensaje oficial. El Presidente defendió una baja en los niveles de pobreza, pero distintos informes pusieron en duda esa afirmación. La mejora que difundió el Gobierno no encontró respaldo en los indicadores reales de la economía doméstica.

El eje de la discusión se trasladó a la forma en que se midieron esos datos. Analistas cuestionaron el uso de una canasta de consumo desactualizada. Señalaron que el cálculo se basó en parámetros de 2004/2005, a pesar de la existencia de mediciones más recientes. Esa diferencia alteró de forma significativa el resultado final.

A ese punto se sumó un cambio en la metodología oficial. El organismo estadístico incorporó modificaciones en la forma de relevar ingresos. Ese ajuste elevó los valores registrados y generó un impacto directo en la medición de la pobreza. Desde distintos sectores advirtieron que la baja informada respondió más a cambios técnicos que a una mejora concreta en las condiciones de vida.

El conflicto interno por estos cambios dejó señales claras. La intervención sobre el índice de precios generó tensiones dentro del propio sistema estadístico. Ese episodio reforzó las dudas sobre la consistencia de los números difundidos.

El deterioro también alcanzó a los sectores más vulnerables. Las transferencias sociales perdieron efectividad con el paso de los meses. La Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar cubrieron una proporción cada vez menor de la canasta básica. Informes especializados indicaron que, en algunos casos, esos ingresos no llegaron ni a cubrir la mitad de los საჭირო básicos alimentarios.

La situación de los jubilados siguió el mismo camino. El haber mínimo perdió poder adquisitivo frente a la inflación. El congelamiento del bono compensatorio profundizó esa caída. Los ingresos previsionales retrocedieron en términos reales mientras los datos oficiales mostraron una supuesta mejora en la pobreza.

El desfasaje entre los números y la vida cotidiana quedó en evidencia en varios indicadores. El consumo no repuntó, la actividad económica permaneció estancada y los niveles de precarización laboral aumentaron. En ese contexto, especialistas sostuvieron que los datos oficiales ofrecieron una imagen distorsionada.

“La baja de la pobreza que exhibe el INDEC no puede leerse como el reflejo de una mejora real en las condiciones de vida, sino como el resultado de una medición distorsionada por una canasta vieja y por cambios metodológicos que sobrerrepresentan esa caída”.

La controversia expuso un problema de fondo. El relato del Gobierno chocó con una realidad marcada por ingresos en retroceso y mayor fragilidad social. La discusión ya no giró solo en torno a los números, sino sobre la credibilidad de las estadísticas públicas y su impacto en el diagnóstico económico.