El lunes por la noche se conoció la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense sobre el desempeño del juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, que fue suspendido y deberá someterse a un juicio político que podría derivar en su destitución.

A Sal Lari se lo acusaba por mal desempeño en once causas, sin embargo el jury analizó solamente cuatro.

La primera de ellas es la libertad de un delincuente que, pese a que cumplía arresto domiciliario impuesto por un tribunal de La Matanza, robó a una pareja.

La segunda fue no dar lugar a un pedido de exclusión del hogar de un padre acusado de abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo desde que la niña tenía seis años.

La tercer causa fue haber concedido un allanamiento en un caso de venta de estupefacientes tres días después de haber sido solicitado por la fiscalía. El juez alegó que había autorizado el operativo el mismo día que le fue solicitado (un viernes) pero que se concretó el lunes siguiente porque no autorizó a que se hiciera de noche.

Finalmente, el cuarto expediente fue por haber demorado siete meses la libertad de un detenido, dispuesta por la Cámara de San Isidro y después de un reclamo presentado por el mismo recluso.

Entre tanto, mientras espera la etapa final del proceso en que se decidirá si es o no destituido, a Sal Lari se le embargará el 40% de su sueldo. En los próximos días, el Jurado de Enjuiciamiento, que necesitó de tres audiencias deliberativas en otras tantas semanas para resolver la suspensión provisional, fijará la fecha de iniciación del juicio político, que sería dentro de dos meses.

El caso de Sal Lari dividió las aguas. De un lado, lo acusan familiares de las víctimas, con su cara más visible en las Madres del Dolor. Del otro, instituciones como el CELS y Cippec, jueces, fiscales y académicos del derecho lo defienden con el argumento de que el juez es víctima de una persecución política y que el proceso de remoción del magistrado "representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia" y es un mensaje para "disciplinar a los jueces".

LOS OTROS CASOS

El jury se inició a partir de once acusaciones. La más conocida de ellas es la que impulsaba con el patrocinio del intendente de San Isidro Gustavo Posse, y la familia del ingeniero Carlos Regis, asesinado en 2008. Uno de los asesinos había sido excarcelado por el juez meses antes, en una causa por portación ilegal de armas.

La Asociación Madres del Dolor también impulsa la remoción. Conforme con la suspensión, su presidenta, Viviam Perrone, dijo: "Los jueces toman decisiones importantísimas, que pueden generar dolor, ¿y por qué no podemos pedirles explicación?".

En tanto, la defensa de Sal Lari rechazó los cargos y consideró que el magistrado había actuado, en todos los casos por los que fue cuestionado, de acuerdo con la ley vigente.

El jurado, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, e integrado por senadores, diputados y conjueces, analizó las acusaciones que en contra de Sal Lari se hicieron el 16 de febrero desde la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

“El hecho de que se abra el juicio político, lo vivimos como un triunfo de las instituciones”, dijo el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.