La Unidad Piquetera y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) definirán el martes las nuevas medidas de fuerza en contra de las políticas del Gobierno del presidente, Javier Milei, y presentarán una denuncia judicial contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por supuesta «discriminación» a la hora de dar de baja «arbitrariamente» planes del Potenciar Trabajo a personas de nacionalidad boliviana.

Los abogados del Polo Obrero, sumado al apoyo de la Embajada de Bolivia en la Argentina, presentarán la demanda debido a que muchas personas de aquel país, que eran beneficiarios del plan, viajaron a Bolivia no por una cuestión ociosa, sino para visitar a sus familias. El Gobierno, cuando detectó que había personas que viajaban al exterior, decidió dar de baja esos beneficios por considerar que estaban mal distribuidos. Luego de la presentación, piqueteros realizarán una protesta en el Obelisco.

El 28 de febrero, el Gobierno decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y crear otros dos nuevos planes para continuar con la asistencia y le quitó el proceso de intermediación a los movimientos sociales y municipios que lo realizaban a través de las denominadas Unidades de Gestión. El plan fue sustituido por el programa Volver al Trabajo, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el Programa de Acompañamiento Social, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Gobierno reveló que la decisión de eliminarlo fue pensada con la intención de poder segmentar a la cantidad de titulares en dos niveles: los que tendrían mayores probabilidades de conseguir empleo en el corto plazo (Volver al Trabajo, al que ya fueron transferidos más de 900 mil personas) y aquellos que se encuentran en situaciones más complicadas (Acompañamiento Social, transferidas cerca de 400 mil personas).

Sin embargo, el 8 de febrero, los abogados de la UTEP presentaron ante la justicia un amparo colectivo para que «sean revisadas las bajas arbitrarias e irregulares» que efectuó el Ministerio de Capital Humano el mes pasado y que afectan a más de 25.000 beneficiarios. Es que desde la misma cartera que conduce Pettovello reconocieron que miles de bajas del Potenciar Trabajo estuvieron mal realizadas. De hecho, 8.826 beneficiarios de los 25.444 fueron reincorporados por haber sido desafectados de manera incorrecta antes de que lo decidiera la justicia.

«Se informa que el concepto pago retroactivo responde a titulares que fueron Suspendidos por encontrarse alguna incompatibilidad en el cruce de datos correspondiente. Luego, el titular presentó el reclamo desvirtuando la situación de incompatibilidad. La Coordinación de Proyectos de Economía Social y Popular evaluó favorablemente dicho reclamo y por ello corresponde el pago retroactivo al mes suspendido«, explicó Capital Humano mediante una resolución ministerial, tras detectar errores en el cruce de datos entre las distintas áreas del Gobierno.

Por otro lado, los movimientos sociales tomaron la decisión el último viernes, cuando también existió un encuentro, de continuar con los reclamos por la falta de alimentos en comedores y merenderos comunitarios, pero también por los despidos que hubo en las distintas áreas del Estado y los recortes en presupuesto.

Además, también se suma el reclamo por los despidos en programas del ex ministerio de Desarrollo Social, como del Programa Primeros Años, creado en el marco de la ley de Los Mil Días para proteger a los niños en los tres primeros años de vida. Según la denuncia de los dirigentes sociales y piqueteros cientos de «facilitadores y facilitadoras comunitarias» de ese plan, que trabajan en barrios populares y contaban con contratos que se venían renovando a través de los años, no son renovados por la secretaría de Pablo de la Torre.

Un grupo de dirigentes piqueteros propondrá una acción marcha para después de Semana Santa, en un mismo punto, y no en cinco accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como ocurrió el 18 de marzo en los que hubo enfrentamientos con efectivos de las fuerzas federales en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y Liniers. Pretenden mostrar masividad y para eso podrían sumarse sectores de la CGT, a quien le reclaman otro paro general de 24 horas.