La Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, aprobada por el Congreso e impulsada por ambas cámaras. La medida busca garantizar los gastos de funcionamiento que reclama desde el 2024.

Aunque el Ejecutivo promulgó formalmente la ley, decidió suspender su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento. Ante esta decisión, el Consejo Superior de la UBA resolvió avanzar con medidas legales “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

En su resolución, la Universidad advirtió que el decreto presidencial “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso”. Además, señaló que la suspensión “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos”, afectando directamente al sistema universitario y a su comunidad, que no puede acceder al financiamiento ni a la recomposición salarial previstos por la norma.

La UBA atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desactualizadas frente a la inflación, y durante 2024 los salarios docentes y no-docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo. En lo que va de 2025, la recomposición salarial ha sido muy inferior a la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando el deterioro.

La ley suspendida contempla no solo la recomposición salarial, sino también la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. “Su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, sostiene el documento aprobado por el Consejo Superior.

“La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluye la resolución, en un llamado a defender la institucionalidad democrática y el derecho a la educación superior.