Tres años después hubo acuerdo. Los 27 ministros de Interior de la Unión Europea dieron el visto bueno a la directiva "de retorno", que unifica criterios para la expulsión de inmigrantes irregulares. Su aprobación definitiva queda a expensas del Parlamento Europeo, muy dividido en torno a este asunto. El comisario europeo de Interior y Justicia, el francés Jacques Barrot, dijo ayer que "es un paso adelante" y que pudo salvarse la oposición de cuatro países que habían impedido hasta ahora el acuerdo: Bélgica, Grecia, Malta y la República Checa.

La nueva directiva, entre otras medidas, permite el encarcelamiento hasta 18 meses de inmigrantes irregulares, sin decisión judicial obligatoria, para ser expulsados. Varias organizaciones de derechos humanos, como ECRE y Amnistía Internacional, creen que la media es "inhumana y arbitraria". También alegan que la UE olvida principios fundamentales de un Estado de derecho. Una persona, nacional o no, sólo puede ser recluida en una democracia por resolución judicial basada en un código legal, mediante un juicio donde se prueba la comisión del delito y por un período definido.

Dragutin Mate, ministro de Interior esloveno -Eslovenia ostenta la Presidencia semestral de la UE- expresó su "confianza en que el Parlamento Europeo también apruebe la ley" el próximo 17 de junio. Muchos diputados darán su visto bueno, pero hay dos grandes grupos que dudan, quienes quieren más mano dura y quienes creen que no es necesaria semejante muestra de dureza para gestionar la inmigración. E, incluso, hay diferencias dentro de los grupos políticos. Mientras la mayoría de los socialistas votarán en contra, los españoles lo harán a favor. Y la derecha belga no seguirá el voto mayoritario de su grupo y lo hará en contra.

Han hecho falta tres años para que los europeos se pongan de acuerdo sobre cómo expulsar a los inmigrantes irregulares. Tres años de concesiones a los más intransigentes y varios cambios de Gobierno que han traído a la UE más gobiernos de derechas, para producir una norma que incluye también la detención y encarcelamiento de menores de edad, incluso no acompañados.

Ahora se podrá encerrar a inmigrantes irregulares en "centros de retención", prisiones o incluso campos de concentración -el texto no especifica dónde serán encarcelados- a quienes no han cometido delito alguno.

El texto dice que "cada Estado debe aprobar un período de detención que no exceda de 6 meses". Pero también dice que puede extenderlo hasta 18 si, por ejemplo, el inmigrante irregular a expulsar no coopera en los trámites para su expulsión. Hasta ahora, las legislaciones europeas varían desde los 30 días de período máximo aplicados en Francia y 40 días en España, hasta países como el Reino Unido, donde no hay límites.

Para Barrot, la nueva directiva mejora la situación de quienes van a ser expulsados, pues hasta ahora el período de detención era ilimitado en nueve países de la UE. La nueva norma también prohíbe que un deportado vuelva a pisar Europa hasta pasados cinco años y este período puede ampliarse si constituye "un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional".

Si se borran los eufemismos típicos de estos textos legales, lo que los ministros aprobaron ayer consiste en que, a partir de ahora, en la UE se podrá, legalmente, encarcelar, sin decisión judicial y por 18 meses, a quienes no han cometido delito alguno, porque inmigrar sin documentación es una falta administrativa. Puede dejar de serlo en Italia, donde sería considerado un delito. La UE lanza así un mensaje a quienes se planteen ser candidatos a la inmigración irregular: serán tratados como delincuentes.