Trabajadores, estudiantes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires convocaron una movilización para este jueves contra el ajuste presupuestario del Gobierno nacional. La marcha saldrá desde Plaza Houssay hacia la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en el Palacio Pizzurno. Reclamarán por mejoras salariales, reactivación de becas y financiamiento integral para las universidades nacionales.

La protesta fue impulsada por la Asociación del Personal de la UBA (Apuba), que representa a los trabajadores nodocentes, y sumó la adhesión de los gremios docentes Aduba, Feduba y AGD. También participarán estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y miembros del Consejo Superior de la universidad, que expresó su apoyo la semana pasada.

Jorge Anró, secretario adjunto del sindicato nodocente Fatun, aseguró que el principal reclamo apunta a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Según detalló, desde la asunción de Javier Milei los trabajadores del sector acumularon “un desfasaje superior al 70%”. Además, remarcó que los aumentos dispuestos por el Gobierno no alcanzaron la inflación. “En marzo la inflación fue 3,7% y el aumento fue 1,3%”, ejemplificó.

Anró también denunció que “los programas de ciencia, tecnología, investigación y extensión universitaria están todos frenados” y advirtió que las becas estudiantiles no recibieron actualizaciones desde el año pasado. “Son una migaja”, afirmó.

El conflicto universitario se agudizó luego de que el presidente Milei vetara el proyecto de financiamiento aprobado en 2023 y prorrogara el presupuesto por segundo año consecutivo. La decisión contó con el respaldo de más de 80 diputados oficialistas y aliados.

Al mismo tiempo que se anunció la marcha, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las universidades públicas, emitió un comunicado donde advirtió sobre la situación crítica del sistema científico. “La crisis del sistema científico es grave y profunda. La falta de recursos para la investigación no solo limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, sino que, también, debilita la formación profesional. Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento. A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras”.

En paralelo, distintos sectores de la comunidad universitaria redactaron un nuevo proyecto de financiamiento, que será presentado la semana próxima en la Cámara de Diputados. El texto fue elaborado por una comisión integrada por representantes docentes, nodocentes, estudiantiles y autoridades de distintas universidades.

El martes pasado, se resolvió el ingreso del proyecto legislativo. Aunque todavía no confirmaron reuniones formales con diputados y senadores, en principio el texto podría sumar el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una parte del radicalismo y miembros de Encuentro Federal.

Por ahora no se definió la fecha de una nueva marcha federal universitaria. Sin embargo, fuentes del sector señalaron que podría realizarse cuando se debata la ley en el Congreso. La última movilización masiva ocurrió el 2 de octubre, cuando miles de personas marcharon en todo el país contra el veto presidencial. Esta vez, con el calendario electoral en marcha, algunos legisladores podrían rever su postura para evitar el costo político de convalidar un ajuste que impacta de lleno en el sistema universitario público.