“La intención de Vidal es que el costo del ajuste se traslade a nuestros municipios”. La frase es del tigrense Julio Zamora pero se replica en todos los despachos de los intendentes opositores de la Provincia de Buenos Aires. Y claro, también, en voz baja en las oficinas de los oficialistas.

Es la respuesta que se consigue al preguntar sobre la decisión del gobierno bonaerense de transferir a los municipios el costo de la tarifa social a las boletas de luz. Los intendentes ya advierten que su situación financiera no les permitirá hacerse cargo de ese nuevo gasto, que será de unos $8000 millones.

Las cuentas que sacan en el Palacio Municipal de San Martín, gobernado por el peronista Gabriel Katopodis, es que el Estado distrital deberá destinar una cifra millonaria para saldar esa decisión de Vidal.

Los funcionarios sacaron las primeras cuentas y consideran que el gasto adicional para la Intendencia será de unos 216 millones de pesos el próximo año. «Desde La Plata no se hará ninguna transferencia para asumir ese costo. Entonces todo se tendrá que sacar del Presupuesto municipal», afirmaron. Y agregan: «Nos quieren pasar la factura de un subsidio que no administramos ni auditamos. Sobre una tarifa que no fijamos».

Y citan el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional: «No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso».

A esto se le suma otro reclamo de los intendentes peronistas: el Fondo Sojero. Hace un par de meses que vienen hasta pidiendo un encuentro con Macri para convencerlo de dar marcha atrás con la eliminación del Fondo Federal Solidario, que estaba compuesto por el 30% de las retenciones a la exportación de soja y se goteaba a provincias y municipios para realizar obra pública.

Según los números de la comuna, dejarán de percibir unos 70 millones de pesos, cifra proyectada para 2019.