El Gobierno cree que ayer se empezó a escribir la historia de la caída de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación. La justicia federal, a la que la funcionaria judicial quiso domar sin éxito, le asestó un golpe que gatillará su juicio político en el Congreso.
Pero el Gobierno, como primer paso, busca que quede suspendida en el cargo. Es la misma decisión que tomó Gils Carbó cuando apartó al fiscal José María Campagnoli para que pudiera defenderse ante el juicio político que le inició por investigar a Lázaro Báez. Argumentó que atravesar el juicio político le iba a provocar a Campagnoli "una conmoción tal en su espíritu que le impediría desempeñarse en el modo apropiado".
Hoy, Báez está preso por lavado, Campagnoli fue sobreseído en el juicio político y Gils Carbó está a las puertas del suyo propio.
Al menos es lo que desea Mauricio Macri, quien considera a la procuradora la kirchnerista más poderosa, después de la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada. El poder de fuego de los legisladores kirchneristas es limitado y está atomizado, y el de algunos jueces y fiscales, que abrevan en las ideas del kirchnerismo, es puntual en cada causa en trámite. Pero el de la procuradora se extiende a todo el Ministerio Público Fiscal, un organismo extrapoder que puede impulsar investigaciones penales o procesos administrativos.
Desconfía Macri cuando la ve maniobrando para concentrar la información sobre los sobornos que pagó Odebrecht. Piensa que sólo busca perjudicar a Iecsa, la firma que era de su primo y que aparece mencionada en el soterramiento del Sarmiento como una de las que delegaron en la brasileña esas gestiones. Y proteger a los funcionarios kirchneristas que cobraron.
Desconfió Macri cuando la procuradora se fotografió con su par venezolana Luisa Ortega, quien huyó de su país para no quedar presa. Gils Carbó dijo que si Macri la sacara por decreto, actuaría como el cuestionado Nicolás Maduro.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, prometió a Macri ofrendarle la salida de la procuradora, pero no lo logró. Impulsó una ley para modificar el Ministerio Público y limitar el mandato de la funcionaria. Negoció con el massismo y le dio poder a la comisión bicameral, presidida por Graciela Camaño. Elisa Carrió, socia de Cambiemos, dinamitó el acuerdo y el PJ se retiró de la negociación.
Ahora, los cuestionamientos vienen de tres lados; son políticos, pero también provienen de la justicia penal, de la mano del fiscal Eduardo Taiano, quien la investigó y pidió su indagatoria a Ercolini.
Otro frente de tormenta proviene de la justicia en lo contencioso administrativo: el juez Pablo Cayssials está por decidir si corresponde o no el juicio político para removerla. Las agrupaciones Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que el juicio político les cabe a presidentes, vicepresidentes, ministros y jueces de la Corte. Como la procuradora no se encuentra en esas categorías, no sería necesario pasar por ese proceso. Lo que decida Cayssials puede ofrecerle al Gobierno la posibilidad de un nuevo mecanismo de remoción, que no requiera los dos tercios de los votos, o directamente una nueva ley que establezca un límite a su mandato vitalicio. Y aplicársela.
