La embajada de Estados Unidos anunció que el buque Cutter James colaborará con Prefectura, pero la ministra Patricia Bullrich no cumplió con el procedimiento requerido por la ley 25.880 para autorizar esta acción. Se genera una controversia debido a la falta de autorización del Congreso, como establece la ley, para la presencia de personal militar extranjero en el país. Aunque se inició el trámite, no se concluyó.

El Gobierno argumentó que, dado que el buque es de guardia costera y no militar, no se necesita autorización. Sin embargo, la ley establece claramente que también se aplica a instituciones extranjeras con misiones similares a las fuerzas de seguridad nacionales. La ministra Patricia Bullrich notificó al Congreso el 9 de abril, pero no solicitó autorización. Es evidente que el Cutter James no está aquí por caridad; su objetivo es contrarrestar la presencia china en el Atlántico Sur. Sin embargo, en la doctrina Milei, no hay ley que valga cuando se trata de China.

A primera vista, parece otro tropiezo de la administración libertaria. Inicialmente, el pedido se presentó ante la Comisión de Seguridad Interior, pero se consideró que no era de su competencia. Luego, el trámite se trasladó a la Comisión de Defensa al requerir la aprobación para el ingreso de tropas extranjeras. Sin embargo, el Congreso no emitió ninguna autorización.

En las redes sociales, la embajada de Estados Unidos dio la bienvenida a los 150 tripulantes del Cutter James, especificando que llevarán a cabo ejercicios conjuntos con sus contrapartes argentinas. Se destaca que el buque es uno de los más grandes y tecnológicamente avanzados de la Guardia Costera de Estados Unidos, dedicado a combatir el narcotráfico y la pesca ilegal en su país. Respecto a este último tema, Washington argumenta que los pesqueros chinos operan dentro de las 200 millas argentinas, aunque esta afirmación es controvertida. Aunque no hubo detenciones por violación de la jurisdicción durante los gobiernos anteriores ni durante el actual, algunos exfuncionarios afirman que se mantuvieron bajo control. Desde esa premisa, el objetivo parece ser principalmente geopolítico: frenar la presencia de China en el Atlántico Sur.

En su controvertida alianza con Washington, se observa que Bullrich evade los requisitos legales. La ley aprobada el 23 de abril de 2004 es clara en cuanto al ingreso de personal militar extranjero en el país. Define como «fuerzas nacionales» a la Armada Argentina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Gendarmería y la Prefectura Naval. Además, establece que se aplica a «fuerzas extranjeras» que sean similares a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, lo cual incluye a la Guardia Costera debido a su función equiparable a la de la Prefectura Naval.

La estratagema de la ministra implicó emitir una resolución alegando que la presencia estadounidense se debe a asuntos protocolares y de entrenamiento. Sin embargo, los saludos protocolares son la única parte real de ello, mientras que el entrenamiento se entendería dirigido a cadetes, no a fuerzas en operaciones, como lo indica explícitamente la embajada de Estados Unidos al mencionar que el Cutter James participará en ejercicios conjuntos.

La justificación geopolítica de la presencia estadounidense se basa en la percepción en Washington de que los pesqueros chinos son en realidad una fuerza naval sin proporcionar pruebas, y en la idea de que Argentina no puede controlar el Atlántico Sur, necesitando la ayuda de Estados Unidos. Se presenta como una lucha contra el mal, representado por China, en una narrativa que podría recordar al presidente Javier Milei, quien habla de «los zurdos, el comunismo».

Bajo esta perspectiva, Bullrich optó por obviar la ley y no solicitar ninguna autorización. Es probable que diputados y senadores de la oposición la denuncien por este motivo.