El nombre de Barry Bennett, asesor clave en la campaña de Donald Trump en 2016, irrumpió en el tablero político argentino. Una investigación periodística reveló que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) habría firmado un contrato con la consultora Tactic Global, donde Bennett figura como socio junto al argentino Leonardo Scatturice, exagente del organismo. El acuerdo establecería un pago mensual de USD 10.000 a cambio de gestiones con funcionarios estadounidenses y asesoramiento estratégico al área de inteligencia.

La denuncia abrió un frente diplomático delicado. Pocos días antes, Bennett había sido recibido en Casa Rosada por Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei. Durante esa reunión, el consultor se presentó como “representante del expresidente Donald Trump” y prometió “acercar inversiones y apoyo político de figuras del Partido Republicano”. La Cancillería también participó del encuentro, que fuentes oficiales describieron como “más político que técnico”.

Un exfuncionario del área de inteligencia advirtió que, “si el contrato existe, estamos ante una intromisión directa en tareas de inteligencia nacional por parte de un operador extranjero”. La Ley 25.520 prohíbe expresamente ese tipo de intervención. En paralelo, legisladores opositores reclaman la publicación de los documentos y los informes de gasto vinculados a esa asesoría.

En el entorno de Caputo negaron que existiera un acuerdo firmado con la SIDE y aseguraron que la reunión fue “protocolar”. Sin embargo, los documentos filtrados indicarían lo contrario: un vínculo directo entre la Presidencia y la agencia de inteligencia, al margen de todo control parlamentario. “Si un asesor extranjero afirma representar al expresidente Trump mientras negocia con la inteligencia argentina, eso cruza límites institucionales”, señaló una fuente diplomática estadounidense.

Mientras el Gobierno guarda silencio sobre el contrato, la SIDE enfrenta su peor crisis de funcionamiento desde el inicio de la gestión libertaria. “No se mueve un papel”, reconoció un funcionario con acceso directo al edificio de 25 de Mayo 11. La descripción resume el clima que predomina en el organismo: inacción, desconfianza y vacío político.

El director formal, Sergio Neiffert, perdió capacidad de conducción. Cercano a Santiago Caputo, fue designado para encabezar una reestructuración que nunca se concretó. “Neiffert perdió toda capacidad de dirigir, si es que en algún momento la tuvo”, expresó una fuente interna. Su estilo hermético y burocrático chocó con la necesidad de ordenar una estructura atravesada por internas y falta de objetivos.

La SIDE conserva un esquema dividido en tres agencias: la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). En los hechos, ninguna de ellas logró consolidar autoridad. Los conflictos se agravaron tras un viaje oficial a Azerbaiyán de dos altos funcionarios —Alejandro Colombo y José Francisco Lago Rodríguez— que usaron fondos públicos para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 en Bakú.

Por encima de las tres áreas opera Diego Kravetz, subsecretario de Operaciones y hombre de confianza de Caputo. Su rol como coordinador político no logró revertir el clima de descomposición interna. “Hay espías que no reportan a sus jefes porque pertenecen a otro bando”, describió una fuente del organismo. Esa fragmentación refleja el nivel de crisis que domina la inteligencia argentina.

Las licitaciones para renovar equipamiento quedaron suspendidas, al igual que los vínculos con otros organismos del Estado. En la Casa Rosada admiten que Neiffert podría dejar el cargo antes de fin de año, en el marco del recambio de gabinete que anticipó el Presidente.

La falta de control político y la superposición de intereses con actores extranjeros colocaron a la SIDE en una situación inédita. El espionaje nacional quedó atrapado entre la parálisis interna y la influencia externa, en un escenario donde el poder real se disputa fuera de los canales institucionales. Cada nuevo dato que surge sobre el vínculo entre Barry Bennett y la inteligencia argentina amplía la sospecha de un lobby internacional operando dentro del Estado.

En ese contexto, la frase del funcionario que trabaja en 25 de Mayo 11 cobra otro sentido: no solo “no se mueve un papel”, sino que tampoco hay manos dispuestas a firmar uno.