El fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua no está firme y, por ende, no será de cumplimiento inmediato en ninguno de sus aspectos hasta que se agoten todas las instancias de apelación previstas por la ley.

Además, en el caso de la exmandataria, tiene inmunidad de arresto en razón del cargo que desempeña hasta el 10 de diciembre de 2023 y durante ese lapso haría falta un juicio político en el Congreso para quitarle los fueros y hacer efectiva la detención.

Sin embargo, aunque está habilitada para volver a postularse a cualquier cargo ya que la prohibición para ejercerlos se hará efectiva una vez que la sentencia quede firme en todas las instancias, la propia vicepresidenta anunció que no será candidata a nada y que su nombre no estará en las boletas del Frente de Todos en las próximas elecciones.

En ese caso, al finalizar mandato actual como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner no contará con fueros en el caso de que las instancias superiores confirmen la sentencia del TOF 2.

Por otro lado, el proceso de apelación en los tribunales de alzada podría extenderse indefinidamente ya que la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para expedirse.

En cuanto a los próximos pasos, el TOF 2 dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de marzo próximo y desde ese día tanto las defensas como la fiscalía estarán en condiciones de preparar y presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. Para ello tendrán diez días hábiles desde la lectura de los fundamentos.

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Casación

En Casación, el veredicto será analizado por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Este es el máximo tribunal penal federal del país y es la instancia primera de revisión de los veredictos emitidos en todos los juicios orales del fuero.

Borinsky y Hornos son los jueces que fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, acusación por la que fueron sobreseídos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi aunque ese fallo será revisado por la sala II de la Cámara Federal.

Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una audiencia previa ya en 2023, tras haber recibido la causa: allí escucharán fundamentos en los meses subsiguientes y, posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver.

Corte Suprema

Luego de Casación, seguirá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario, que, en el caso de ser rechazado, habilitará el recurso de la queja directa ante el máximo tribunal, que no tiene plazos para decidir.

La sentencia quedará firme cuando se pronuncie la Corte Suprema y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para que pueda ordenarse su detención.

La Constitución Nacional establece que se requiere «mayoría especial» de votos en el Congreso de la Nación para el desafuero.

La inmunidad de arresto, por otra parte, está prevista en la Ley 25320.

En el caso particular de la Vicepresidenta, si esta situación se diera, como la expresidenta está próxima a cumplir setenta años, el arresto podría ser domiciliario.

Otro escenario que podría darse al momento de las apelaciones ocurriría si Casación llegara a revocar algún aspecto del fallo dispuesto por el Tribunal Oral.

Como es necesario el llamado «doble conforme», en ese caso la Corte podría disponer que otra sala de la Casación revise la decisión de manera previa a intervenir en la causa, para dejar firme o revocar la sentencia.

Además de los tribunales nacionales, tanto la defensa de la Vicepresidenta como la de otros 12 acusados tienen la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

En ese aspecto, su defensa denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte de la Justicia argentina.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces Presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial»: sus palabras rápidamente fueron replicadas por los medios internacionales.