El expediente judicial que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso el foco en una serie de gastos en dólares que no guardaron relación clara con los ingresos declarados durante su paso por la función pública. La investigación apuntó a reconstruir cómo financió compras de propiedades, viajes internacionales y compromisos financieros asumidos en un corto período.

Los registros oficiales indicaron que, al cierre de 2024, Adorni contaba con poco más de US$48.000 entre efectivo y cuentas en el exterior. Sin embargo, durante los meses siguientes afrontó erogaciones que superaron ampliamente ese monto. Entre ellas figuraron un viaje al Caribe, la compra de un departamento y pagos vinculados a créditos hipotecarios. La suma de esos movimientos excedió en más de US$25.000 los fondos previamente declarados.

El análisis patrimonial también incluyó bienes ya registrados a su nombre. El funcionario declaró propiedades en la ciudad de La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales continuaban bajo su titularidad. En paralelo, la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, pasó a ser un eje central del caso. La documentación sobre sus activos no había sido presentada en un primer momento ante los organismos de control y recién se incorporó cuando la causa ya estaba en curso.

Informes oficiales mostraron que Angeletti figuró como titular de inmuebles en la provincia de Buenos Aires y en un country del conurbano. Además, canceló una hipoteca vinculada a una vivienda adquirida años atrás en la Capital. El crecimiento del patrimonio familiar se dio en simultáneo con un aumento significativo de gastos y nuevas deudas.

En cuanto a los ingresos, los datos disponibles marcaron que Adorni percibía alrededor de 3,3 millones de pesos mensuales durante gran parte del período analizado. Ese ingreso se duplicó recién a comienzos de 2026. Por su parte, su esposa registró actividad como monotributista hasta septiembre de 2025 y luego pasó al régimen de trabajadores autónomos. La facturación de esa actividad no trascendió y también quedó bajo revisión judicial.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el origen del financiamiento para las operaciones inmobiliarias. El matrimonio accedió a créditos en dólares por montos elevados, pero no a través de entidades bancarias, sino mediante acuerdos con particulares. Entre los acreedores aparecieron perfiles que no suelen participar en este tipo de transacciones, como jubiladas o personas sin actividad financiera visible en ese nivel.

Las operaciones incluyeron la compra de una vivienda en un country y un departamento en el barrio porteño de Caballito. En este último caso, el valor declarado alcanzó los US$230.000, de los cuales una parte se abonó al contado y el resto quedó sujeto a una segunda hipoteca. A esto se sumaron compromisos pendientes por decenas de miles de dólares, con intereses incluidos.

El capítulo de los viajes también aportó elementos relevantes. La Justicia incorporó gastos por traslados a destinos como Aruba, Punta del Este y Nueva York. Los montos en pasajes, estadías y vuelos privados sumaron más de US$27.000, según la documentación reunida en el expediente. En algunos casos, aún se intentó determinar quién afrontó esos costos.

A la par de las inversiones y viajes, el nivel de gasto cotidiano también mostró un incremento. El mantenimiento de varias propiedades, sumado a expensas, impuestos, servicios y costos familiares, elevó las erogaciones mensuales. Registros bancarios indicaron niveles de endeudamiento elevados en tarjetas de crédito y préstamos, tanto para Adorni como para su cónyuge.

La secuencia temporal reconstruida por los investigadores mostró que el aumento del patrimonio comenzó pocos meses después de su llegada al Gobierno. Primero apareció la compra de un vehículo, luego las operaciones inmobiliarias, los viajes y la toma de deuda en dólares. Ese crecimiento acelerado, en contraste con los ingresos declarados, constituyó el eje central de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la fiscalía avanzó en el análisis de movimientos financieros, consumos y transferencias. El objetivo fue establecer si existió correspondencia entre los ingresos formales y el nivel de gasto, así como determinar el origen de los fondos utilizados en cada operación.

El expediente continuó en etapa de recolección de pruebas. La Justicia buscó definir si las inconsistencias detectadas respondieron a irregularidades o si existieron ingresos no declarados que expliquen la evolución del patrimonio del funcionario y su entorno familiar.