Desde el oficialismo admiten que la iniciativa no avanzará sola y que la responsabilidad política recae plenamente en la Casa Rosada. “La responsabilidad por la reforma laboral es nuestra”, reconocía este sábado una voz relevante del espacio libertario, en un intento por dejar en claro que el impulso del proyecto depende del propio Gobierno, aun frente a resistencias internas y externas. A casi dos meses de que el presidente Javier Milei firmara el texto, el 11 de diciembre, el Ejecutivo todavía no logra garantizar los votos necesarios para aprobarlo sin resignar los pilares centrales de los cambios que propone en materia laboral.

El inicio de las sesiones extraordinarias, previsto para este martes, marca además el comienzo de la cuenta regresiva hacia el 11 de febrero, fecha en la que el oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto del Senado. Sin embargo, el escenario está lejos de despejarse: persisten tensiones con los gobernadores, con la CGT y también diferencias dentro del propio Gobierno respecto de la estrategia para sumar apoyos sin desdibujar el contenido del texto. En los últimos días se fortaleció la postura del sector más duro de la Casa Rosada, que rechaza introducir cambios de fondo o conceder compensaciones económicas amplias a los aliados.

Aunque en Balcarce 50 repiten el diagnóstico de que “venimos bien” y dan por encaminada la votación en general, reconocen que el verdadero desafío estará en la votación en particular, clave para preservar el “espíritu reformista”. Hoy, ese respaldo aparece más como una apuesta que como una certeza. En el escenario más optimista, el mileísmo cuenta con los 20 senadores de La Libertad Avanza, más Luis Juez, tres del PRO y diez del radicalismo. Con cinco voluntades adicionales, aseguran, alcanzarían los 37 necesarios para habilitar la sesión, aunque otros conteos son menos alentadores.

En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, referentes del ala negociadora del oficialismo y con experiencia para leer el clima político, funcionan como receptores de reclamos y equilibristas del armado parlamentario. Su tarea se vuelve más compleja frente a la resistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, a abrir la billetera. En el bloque más intransigente también se alinean Federico Sturzenegger, responsable del diseño técnico de la reforma, y el estratega Santiago Caputo, a quien le atribuyen una postura más confrontativa con los socios: apoyar o quedar fuera de cualquier esquema de compensaciones.

La presión de los gobernadores marcó la agenda esta semana y todo indica que, en los próximos días, podría hacerlo la CGT. Sin grandes gestos públicos hasta ahora, distintas fuentes sindicales coincidieron en que “seguro” habrá alguna medida cuando el proyecto llegue al Senado, aunque todavía no definieron su alcance. Esa decisión quedará en manos del Consejo Directivo, que se reunirá en los próximos días.

“Aún no sabemos lo que quiere el Gobierno”, deslizó a este medio un dirigente sindical de peso dentro de la central obrera. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que Santiago Caputo, interlocutor habitual de la cúpula cegetista, se molestó por un comunicado de la CGT contra el DNU de la SIDE, área bajo su órbita, y que desde entonces el vínculo quedó enfriado.

No hubo convocatoria formal ni foto de diálogo, aunque continúan abiertos algunos canales informales encabezados por Bullrich y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sin resultados concretos. Según una fuente del oficialismo, la central sindical apunta a desarmar los ejes del proyecto. “Se está hablando, pero no se encuentra un punto en común. No hay un diálogo razonable porque quieren que quede todo igual a como está ahora. Defienden sus intereses”, señalaron desde La Libertad Avanza. Para el Gobierno, aceptar esas demandas implicaría vaciar de contenido a la reforma.

Mientras algunos sectores sindicales no descartan un paro y movilización para el 11 de febrero, otros creen más probable una protesta sin huelga, al menos por ahora. La posibilidad sigue abierta, en medio de las presiones de las corrientes más combativas. Incluso si el Senado aprueba la iniciativa, el texto deberá luego pasar por la Cámara de Diputados.

Un funcionario con llegada directa al despacho presidencial relativizó el impacto de una eventual medida de fuerza ese día, al describir a la conducción sindical como “con internas” y “dispersa”. No obstante, admitió que la CGT podría presionar a gobernadores y legisladores de extracción peronista que hoy colaboran con el oficialismo. “Sobre los más peronistas pueden ir y presionarlos con sacarles sostén político”, evaluó.

En paralelo, los gobernadores aliados y los senadores que les responden elevaron el tono contra el capítulo que reduce la recaudación del impuesto a las Ganancias y, por ende, los fondos coparticipables. En el Ejecutivo dejaron trascender que no planean modificar ese punto, bajo el argumento de que la baja de impuestos es parte del ADN libertario. Es, hoy, el conflicto más sensible, porque involucra directamente a los aliados.

Para descomprimir, Santilli se reunió con mandatarios del norte y viajó a Corrientes, donde les presentó un cálculo según el cual, si la reforma laboral y el crecimiento económico generan en 2027 unos 400.000 empleos formales, las provincias recuperarían el 100% de lo perdido este año por la baja de Ganancias. También intentó acelerar otras demandas como compensaciones en especie y ATN.

Con la mirada puesta en la gobernación bonaerense, Santilli aprovechó además para enviar un mensaje político al resto de los mandatarios al responderle en redes a Axel Kicillof: “Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”.

Algunos gobernadores evaluaron realizar una cumbre en el CFI el miércoles para exhibir poder y plantear reclamos, aunque la iniciativa todavía no tomó vuelo. En el ala dura del Gobierno insisten en que los únicos cambios aceptables son de forma, pero Bullrich dejó entrever otra señal al afirmar: “Estamos llegando a muchos acuerdos, por supuesto que con cambios. Pero no los vamos a decir porque no queremos lobbies”.

Convencer a los aliados, definir si habrá compensaciones y hasta dónde tensar la relación con la CGT. En este arranque de febrero, y con apenas diez días por delante, la mesa chica del Gobierno deberá ajustar cada trazo para lograr que la reforma laboral, presentada como la joya del segundo tramo de extraordinarias, llegue a buen puerto.