El Gobierno avanzó con la redacción final de su reforma laboral y planeó enviarla al Congreso en los próximos días. El proyecto reorganizó aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, rediseñó el esquema de indemnizaciones, redefinió la negociación colectiva y estableció nuevas reglas para sindicatos, empleadores y trabajadores. En la Casa Rosada explicaron que la iniciativa buscó bajar costos, incentivar el empleo registrado y reducir la conflictividad judicial.

El texto incorporó cambios estructurales. Eliminó criterios interpretativos históricos, otorgó mayor peso a los acuerdos homologados y acotó la aplicación analógica de los convenios. También fijó que los trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos gremiales y simplificó la registración laboral bajo parámetros definidos por ARCA. El proyecto creó un programa de formación básica y actualizó definiciones remunerativas para evitar litigios sobre qué componentes integran las indemnizaciones. Además, autorizó el pago de salarios en moneda extranjera y habilitó vacaciones fraccionadas con un piso de siete días.

El capítulo de organización del tiempo laboral incluyó el banco de horas, con compensaciones posteriores, y un sistema más estricto para justificar licencias por enfermedad. En situaciones de incapacidad permanente, sostuvo la obligación de conservar el empleo aunque abrió la puerta a una adecuación salarial. El proyecto también fijó nuevas reglas para la extinción contractual y transformó la figura del preaviso en el período de prueba.

El esquema indemnizatorio mantuvo la regla de un salario por año trabajado para despidos sin causa, aunque redefinió los conceptos de remuneración normal, habitual y devengada. A su vez, creó los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con aportes mensuales obligatorios, para que las empresas dispongan de un instrumento específico con el fin de afrontar futuras desvinculaciones.

El proyecto abarcó regímenes especiales. Para el empleo doméstico amplió el período de prueba a seis meses y unificó los recibos en formato electrónico. Para repartidores y mensajeros que operan con aplicaciones instituyó un sistema propio, con inscripción obligatoria, aportes mínimos, derechos básicos y facultades para rechazar pedidos o exigir explicaciones ante bloqueos. También reconoció el pago integral de propinas y la posibilidad de elegir recorridos y herramientas de navegación.

En materia colectiva, el texto terminó con la ultraactividad plena de los convenios y otorgó prioridad a los acuerdos de menor ámbito, que pasarán a prevalecer sobre pactos generales. Además, permitió suspender cláusulas vigentes cuando generen distorsiones económicas graves y afecten el interés general. El oficialismo planteó que esta reforma le dará mayor flexibilidad al sistema y alentará negociaciones más ágiles por sector.

El capítulo sindical endureció controles. Exigió autorización previa para realizar asambleas dentro de los establecimientos y dejó claro que ese tiempo no se computará como jornada paga. Tipificó como infracciones muy graves los bloqueos y las tomas, alineado con la normativa que el Ejecutivo impulsó desde su llegada. Redujo el crédito horario de los delegados y simplificó la personería de los sindicatos de empresa.

La Casa Rosada apostó, además, a un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral por un año, con rebajas temporales en las contribuciones patronales para nuevas incorporaciones que aumenten la nómina. También impulsó beneficios para el empleo ya registrado, con disminuciones progresivas de aportes y condonaciones parciales de deudas en procesos de regularización. El objetivo oficial es que estos instrumentos faciliten la creación de puestos de trabajo y estabilicen la situación de sectores con alta informalidad.

Mientras el Gobierno sostiene que la iniciativa moderniza un marco normativo desactualizado, los gremios anticiparon un rechazo contundente. Señalaron que la reforma flexibiliza condiciones históricas, fragmenta la negociación colectiva y limita la capacidad de acción de los sindicatos. El primer paro anunciado para el 9 de diciembre confirmó que la respuesta en la calle será inmediata.

El Congreso tendrá ahora el desafío de abrir un debate que atraviesa a todo el sistema político. El oficialismo busca avanzar con rapidez y pretende sancionar la ley durante el verano, pero necesitará acuerdos con bloques provinciales y sectores que exigen cambios puntuales. La discusión promete una disputa profunda sobre el modelo laboral y el alcance de los derechos que reglan la relación entre empleadores y trabajadores en la Argentina.