En la primera marcha de jubilados posterior a las elecciones nacionales, se desplegó un operativo de seguridad desmedido, con cortes de tránsito en todo el perímetro del Congreso y presencia de fuerzas motorizadas y antidisturbios.

Organizaciones y sindicatos se congregaron frente al Congreso para volver a reclamar por el fin de la moratoria previsional y exigir mejoras en los haberes. Algunos recibieron gases lacrimógenos que efectivos tiraron del otro lado de la valla.

Las semanas previas, efectivos de seguridad arrojaron gases lacrimógenos para liberar el tránsito, afectando a manifestantes que se encontraban sentados o circulando pacíficamente. Denunciaron el carácter intimidatorio del operativo y reclamaron respeto por el derecho a la protesta.