La semana arrancó para todos el martes. O para casi todos. Los alumnos de las escuelas públicas son, en varias jurisdicciones, uno de los grupos exceptuados. Este es el tercer año consecutivo que, en nuestro país, el ciclo lectivo no comienza cuando estaba previsto. Sin embargo, en 2012 y 2013 los paros fueron de "tan sólo" 72 y 48 horas, respectivamente. En la actualidad, hay más de 2,5 millones de niños y adolescentes bonaerenses que vienen padeciendo la falta de clases desde hace nada menos que 14 días. Esta situación general contrasta con los primeros tiempos de la administración kirchnerista, cuando los acuerdos salariales se alcanzaban inclusive antes de la fecha de inicio de clases.

Este empeoramiento reciente puede parecer paradójico: desde 2003 el gasto real en educación se multiplicó por más de tres, con lo que la cantidad actual de recursos por alumno es el doble que en aquel entonces. Sin embargo, la extrañeza se pierde al ver el deterioro que también muestran los indicadores de cantidad, calidad o equidad educativa. Salvo en el nivel inicial (3 a 5 años), el porcentaje de la población por tramo etario que asiste a la escuela prácticamente no aumentó en una década; creció la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan; la mitad de aquéllos en edad de secundario no se encuentra cursando el año que le corresponde (son repetidores o directamente abandonaron); caímos varios puestos en el ranking de pruebas internacionales PISA, que también revelan que los alumnos argentinos poseen la mayor desigualdad interna; y la escuela pública pierde terreno a manos de la privada.

Al igual que en otras áreas de la administración pública, es evidente que algo pasa con el uso de los recursos: gastamos más plata pero perdemos educación. Los salarios de los docentes aumentaron pero aún son magros. De hecho, al compararlos con ocupaciones de menor nivel de capacitación o responsabilidad, no pueden menos que indignar. Además, los forzamos a lidiar en las aulas con los cambios radicales que décadas de malas políticas imprimieron en la fisonomía material y cultural de los argentinos. Es evidente que nuestra sociedad no les otorga a sus maestros y profesores la importancia y la retribución que su actividad merece.

Esta falta de reconocimiento a los educadores tiene como contrapartida bajas exigencias sobre ellos en lo que deberían ser sus genuinas competencias. Finlandia es uno de los ejemplos más utilizados en cuanto a resultados en el área de la educación. Allí, el ingreso a la carrera docente es extremadamente estricto, la preparación ardua y la capacitación constante. Pero no hay que irse tan lejos: Rafael Correa, en Ecuador, también emprendió el camino de elevar lo que se requiere de los educadores. Detrás de estas políticas hay un principio sencillo: la calidad de un sistema educativo no puede exceder a la de sus docentes.

Es cierto que en nuestro país muchos educadores tienen responsabilidades múltiples que los obligan a correr de un establecimiento a otro. Pero si esa fuera la norma, es difícil explicar por qué en la Argentina hay un promedio de 16 alumnos por docente, mientras que Chile tiene 21 y México 28. En la inauguración de sesiones la Presidenta se refirió al ausentismo en el sector, problema que parece ser refrendado en las estadísticas. Un trabajo de 2011 efectuado por CIPPEC muestra que sólo el 37% de los docentes de la Provincia de Buenos Aires no pidió ni un solo día de licencia (25% menos que en Mendoza, por ejemplo); y que el 46% solicitó más de tres.

La mejora de nuestro sistema educativo es uno de los grandes desafíos que tendremos a futuro. Para ello, precisamos otorgarle un sitial preponderante. No se puede hacer con malos salarios, ni sin pretender mejores docentes, ni sin demandar mayores esfuerzos a los alumnos. Estudiar es difícil. Por eso es que en las sociedades modernas el proceso mínimo necesario lleva alrededor de doce años, tiene lugar en lugares específicos y está a cargo de personas idóneas. Cuando olvidamos esto el sistema se desenfoca, pierde su norte.

Esa desorientación se profundiza desde la política pública cuando sus acciones se contradicen con las prioridades que dice tener. Entre el Fútbol Para Todos, el presupuesto de publicidad del gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, más los entes y empresas de ambos se gastan cerca de 3000 millones de Pesos, cifra que podría servir para cerrar las diferencias que llevan al conflicto. Y el año pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gastó bastante más en publicidad y propaganda que lo que destinó a infraestructura educativa.

Lamentablemente hoy tenemos que admitir que los argentinos perdimos la educación. La pierden los chicos que no están yendo a clase por el paro. Antes la perdieron los padres que avalaron ridículas tomas de colegios. La perdieron los docentes que tiran piedras. La perdieron los gremios que agreden físicamente a quien se les cruza delante hasta llegar a arrojarlo de un puente. La perdieron los jueces que cobran coimas o paran allanamientos, y los funcionarios que les dan órdenes y los protegen. La perdió la Presidenta al elegir a Amado Boudou, entre otras cosas. La perdió una sociedad que tolera y practica la corrupción, y no se asombra cuando el narcotráfico decide balear la casa de un gobernador. La perdimos todos. Y debemos recuperarla.