Se presentará un nuevo Código Urbanístico para preservar el patrimonio y fomentar viviendas accesibles.
El gobierno de San Isidro está listo para presentar una serie de modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, una normativa clave que regula la construcción en el municipio. Este proyecto, que fue ingresado en el Concejo Deliberante la semana pasada, busca adaptarse a las necesidades de preservación patrimonial y, al mismo tiempo, fomentar la construcción de viviendas más accesibles. Sin embargo, ya ha generado controversia entre los vecinos, quienes han comenzado a expresar sus quejas y a reunir firmas para rechazarlo.
Propuestas clave del nuevo Código
Uno de los puntos más destacados de las modificaciones es la prohibición de la construcción en la zona de la costa para preservar el acceso público. Esta medida responde a años de reclamos vecinales, en los cuales los residentes de San Isidro pedían la protección de la costa frente a proyectos inmobiliarios que amenazaban con restringir el acceso al río. De hecho, un proyecto inmobiliario para construir casas frente al río fue cancelado tras la oposición vecinal.
Además, el nuevo Código propone declarar como «área intangible de protección ambiental» los terrenos de la barranca, con el objetivo de proteger su integridad natural y paisajística. También se buscaría modificar la normativa para que las viviendas existentes en esa área que ya cuenten con planos aprobados reciban un tratamiento particular, evitando modificaciones que alteren el paisaje y la topografía de la zona.
En cuanto a la protección del patrimonio histórico, el proyecto establece que todos los inmuebles construidos antes de 1943 que posean valores arquitectónicos, históricos, paisajísticos y/o culturales serán considerados bienes patrimoniales. Esta medida implicaría una evaluación técnica más rigurosa para determinar el valor histórico de cada inmueble antes de permitir intervenciones o remodelaciones.
Manuel Abella, subsecretario de Planeamiento Urbano, destacó la importancia de contar con un inventario actualizado de bienes patrimoniales, mencionando que no todos los edificios antiguos tienen valor histórico. En este sentido, el proyecto también incluiría una revisión de la normativa existente para asegurar que los inmuebles con valor histórico estén debidamente protegidos.
Viviendas más accesibles y cambios en la regulación de cocheras
El proyecto también propone flexibilizar los requisitos urbanísticos en barrios como Villa Adelina y Boulogne, con el objetivo de fomentar la construcción de viviendas más accesibles para los jóvenes. Esto incluiría la posibilidad de construir viviendas de menor tamaño, especialmente de uno o dos ambientes. Además, se flexibilizarían los requisitos en cuanto a la cantidad y tamaño de cocheras, permitiendo una reducción de los mismos en áreas con mayor oferta de transporte público.
Una de las modificaciones más debatidas es la eliminación de los incentivos otorgados a la construcción de estacionamientos adicionales. En lugar de eso, se propone incentivar proyectos que incluyan plantas bajas con locales comerciales y mayor superficie destinada a estos.
Preocupaciones vecinales y críticas a las modificaciones
A pesar de las intenciones del municipio, los vecinos temen que estos cambios alteren el carácter residencial del área, especialmente en barrios como Acassuso. Según las quejas de las asociaciones vecinales, las modificaciones podrían aumentar la densidad poblacional, generar congestión vehicular y sobrecargar los servicios públicos. Además, advierten que los desarrolladores inmobiliarios podrían beneficiarse de estas modificaciones, a expensas de la calidad de vida de los residentes.
El concejal Walter Pérez, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, se reunirá con los vecinos el lunes en la Plaza Manuel Aguirre para escuchar sus preocupaciones y continuar el debate. En tanto, Abella defiende el proyecto, argumentando que no se modificarán las zonificaciones ni las alturas de las zonas, por lo que considera que se trata de «ajustes menores».
¿Qué sigue?
El gobierno municipal espera poder aprobar el proyecto antes de fin de año. Para ello, solicitaron la extensión del período de sesiones ordinarias, de modo que el Concejo Deliberante pueda tratar la propuesta en las próximas semanas. Los vecinos, por su parte, siguen organizando protestas y buscando más apoyo para rechazar lo que consideran un cambio demasiado drástico para la vida en San Isidro.
En los próximos días, el proyecto será debatido en reuniones informativas y se presentará más detalladamente en el Concejo Deliberante, donde Abella tendrá la oportunidad de explicar los alcances de la reforma.

