La administración del intendente, Ariel Sujarchuk, elevó a la Justicia un pedido formal para derribar la estructura del frustrado proyecto Floreal del Sol.
La Municipalidad de Escobar informó este miércoles que solicitó ante la Justicia la demolición total del edificio inconcluso ubicado en la avenida San Martín al 500, en Belén de Escobar. La construcción forma parte del fallido emprendimiento inmobiliario Floreal del Sol y permanece paralizada desde hace diez años, con una causa penal aún en trámite.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil y Comercial Nº4 de Zárate y el Juzgado Penal Económico Nº2 de la Capital Federal. El pedido se apoya en un informe técnico elaborado por la Secretaría de Planificación e Infraestructura, que advierte sobre el crítico estado del inmueble.
Según ese dictamen, la estructura de 14 pisos evidencia un «avanzado estado de deterioro» con múltiples deficiencias la quedar a la intemperie y la ausencia de mantenimiento. En ese marco, el documento sostiene que las condiciones actuales del esqueleto de hormigón vuelven inviable cualquier intento de reactivación sin una intervención estructural integral, por lo que recomienda su demolición como única solución definitiva.
El proyecto Floreal del Sol había sido anunciado en 2010 como uno de los desarrollos más ambiciosos del distrito, con seis torres de 14 niveles, un hotel internacional y servicios premium. Sin embargo, tras iniciar las obras en 2011, el emprendimiento quedó completamente detenido en 2015, dejando una estructura inconclusa sobre una de las principales arterias de la ciudad.
Con el paso del tiempo, el caso derivó en una investigación judicial por presunta estafa que involucra a seis imputados. En octubre de 2024, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dispuso el procesamiento y embargo de bienes de Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y su esposa, Emilia Mercedes Álvarez, a quienes consideró responsables de maniobras defraudatorias que habrían perjudicado a más de 240 inversores.
De acuerdo a la causa, entre 2011 y 2016 se habrían aportado cerca de cinco millones de dólares a un fideicomiso que nunca se concretó.
En este contexto, el municipio llevó adelante en los últimos años distintas clausuras, inspecciones y operativos de seguridad en el predio. Ahora, con esta nueva acción judicial, busca prevenir un eventual colapso de la estructura.
