El intendente Gustavo Posse firmó un decreto para limitar las actividades por la llegada del carnaval. Insta a solicitar permisos, pero el texto deja bien en claro que la postura oficial no simpatiza con las celebraciones callejeras. Incluso identifican la realización de murgas con la posibilidad de que sucedan hechos de inseguridad.
En vísperas de los festejos del Carnaval, la Municipalidad de San Isidro se puso dura y comunicó que no cederá terreno a las tradicionales celebraciones. El Ejecutivo difundió un comunicado de prensa donde, con la excusa difícil de comprobar y la muy trillada argumentación de “las quejas de los vecinos”, informa que no permitirá que las murgas corten las calles, alteren el tránsito o molesten a los ciudadanos. Eso sí, se insta a la solicitud de un permiso para realizar la actividad. También, claro, se hace mención a la inseguridad y la posibilidad de que la misma encuentre caminos para manifestarse con la reunión de multitudes en la vía pública.
El texto que difundió la oficina de prensa afirma que “mediante decreto Nº 256, la Municipalidad de San Isidro dispone que los cierres de calles en ocasión de los festejos de Carnaval deberán contar con la autorización previa de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito de la comuna, como autoridad de aplicación”.
En los fundamentos de la medida se indica que la próxima celebración de las carnestolendas ha generado expectativas en algunos grupos de vecinos que deciden formar murgas o comparsas para espectáculos en la vía pública. Añade que tales demostraciones tienden a reunir gran cantidad de personas, por lo cual, en algunos casos, se ha intentado cortar calles.
Se advierte entonces que el corte de calles –sin autorización previa- “constituye una infracción que altera no sólo el tránsito vehicular y de personas, sino que veda el derecho de libre circulación de los vecinos frentistas que se ven afectados”.
Además se recuerda que en la actualidad existe en el país “un problema generalizado en materia de seguridad”, por lo cual las reuniones de personas no debe ser ajena a las correspondientes autorizaciones administrativas ya que –dice- “requieren un despliegue de las fuerzas de seguridad públicas, a los fines de garantizar el orden y la seguridad de las personas que concurren al evento”.
Por último, el decreto requiere de la Jefatura Distrital de la policía bonaerenses “la adopción de las medidas necesarias para evitar la comisión de las infracciones así como a prestar la colaboración, que sea del caso, con la autoridad de aplicación”.
