Sin la presencia de Javier Milei, la mesa política del oficialismo avaló en la Casa Rosada las modificaciones negociadas con gobernadores aliados y apuntó a asegurar la media sanción en la Cámara Alta.
A pocas horas de la sesión en el Senado, el oficialismo ordenó su estrategia para la reforma laboral y validó los cambios acordados con bloques provinciales. La mesa política de Javier Milei se reunió este martes en la Casa Rosada y dio luz verde a las modificaciones impulsadas por Patricia Bullrich. Desde el entorno del encuentro resumieron la postura con una definición tajante: «Ratificamos todo». Antes de la votación, el Gobierno anunció que comunicará el alcance de las reformas en una conferencia de prensa.
El debate interno se resolvió a favor del ala política del gabinete. Primó la idea de asegurar una reforma posible antes que sostener posiciones inflexibles. En esa línea, Bullrich encabezó el lunes una extensa ronda de conversaciones con senadores cercanos a la Casa Rosada, con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios.
«Mañana vamos a lograr media sanción en el Senado de la reforma laboral», anticipó Diego Santilli antes de ingresar a Balcarce 50. El ministro del Interior ocupó un rol central en el diálogo con los gobernadores y advirtió dentro del Gobierno sobre el costo político de no ceder en algunos puntos.
En ese marco, el Ejecutivo atendió reclamos provinciales hasta último momento. El lunes, Santilli recibió al gobernador chaqueño Leandro Zdero. Aunque aliado del oficialismo, sus legisladores se diferenciaron en la votación del Presupuesto. En el Senado, la representación chaqueña responde a Silvana Schneider, ex vicegobernadora.
Uno de los ejes sensibles fue el impuesto a las Ganancias para empresas. Luis Caputo avaló postergar su tratamiento, un pedido recurrente de los gobernadores por el impacto en la coparticipación. En el Palacio de Hacienda minimizaron el costo fiscal, pese a la caída de la recaudación. Otra alternativa que circuló fue diferir la rebaja hasta 2028.
El Gobierno mantuvo en reserva el texto final del proyecto. La definición quedó para este miércoles. Si no se aceptan cambios en Ganancias, el oficialismo evaluó el riesgo de perder apoyos clave en la Cámara Alta. Bullrich tenía previsto participar a las 14 en la reunión de labor parlamentaria para fijar horarios y tiempos de la sesión.
Como informó Clarín, Bullrich comprometió la eliminación de 28 artículos. En la reunión de casi dos horas participaron, además, Santilli, Caputo, Manuel Adorni, Karina Milei, Martín y Eduardo «Lule» Menem, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y Santiago Caputo, interlocutor con dirigentes cegetistas.
«Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores. Tenemos una buena cantidad de votos para la Modernización Laboral. El miércoles sesionamos», publicó Bullrich en X. En el oficialismo evitaron hablar de concesiones y eligieron el término consenso. Los cambios se votarían durante la sesión, sin modificar el dictamen aprobado en comisión.
Pese al discurso duro contra los gremios, el Gobierno sostuvo canales abiertos con la CGT. «Venimos manteniendo un diálogo permanente y subterráneo más allá de lo que se dice», señaló un dirigente libertario con llegada al sindicalismo. En la Casa Rosada valoraron que la central obrera convocara solo a una movilización y descartara un nuevo paro general. «Va a ser una ley razonable, sin espíritu antisindical», afirmaron fuentes oficiales.
La discusión incluyó la reducción de aportes sindicales, un punto que también inquietó a cámaras empresarias. Los bancos presionaron para frenar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales. «Tu plata, tu decisión», escribió en X Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.
En paralelo, Milei impulsó la transferencia de los juzgados laborales de la Capital a la Ciudad, una demanda histórica del PRO. El Ejecutivo envió el proyecto al Senado y sumó un gesto hacia el macrismo. La medida buscó reducir la litigiosidad, aunque generó resistencias en el Poder Judicial.
La mesa política también repasó el rumbo de la ley penal juvenil, luego de que el Gobierno aceptara elevar la edad de imputabilidad a 14 años. El tema tensó la relación con la Iglesia y se debatirá el jueves en Diputados. Además, el oficialismo avanzó con una propuesta para reemplazar la ley de fortalecimiento universitario, aunque postergó su tratamiento. La prioridad absoluta siguió siendo la reforma laboral, incluso a costa de demorar otros proyectos como la ley de glaciares.
