Las negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2026 en la Ciudad de Buenos Aires avanzan en un clima de tensión entre el oficialismo porteño y La Libertad Avanza (LLA). El jefe de Gobierno, Jorge Macri, apuesta a llegar a la votación con más respaldo que en 2025, mientras el bloque libertario busca replicar a nivel local las políticas de ajuste y desregulación que impulsa Javier Milei desde la Casa Rosada.

La discusión presupuestaria, considerada el primer test político del año para el oficialismo, se desarrolla al más alto nivel. Los protagonistas son el propio Jorge Macri, la presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Paola Michielotto, y la titular de LLA en la Ciudad, Pilar Ramírez.

En contraste con el año pasado, cuando el bloque libertario votó en contra del proyecto de Macri, la tropa de Karina Milei encara ahora la discusión desde una posición fortalecida por el triunfo electoral y el acuerdo con el PRO para las elecciones nacionales de medio término.

Entre las propuestas centrales de LLA se destaca la bonificación total o parcial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas y pequeños contribuyentes. El esquema prevé una exención del 100% para las tres categorías más bajas y del 75% para las cinco siguientes, siempre que se trate de personas humanas o pequeñas sociedades no organizadas como empresas. La medida beneficiaría a cuentapropistas, profesionales y pequeños comercios, aunque implicaría una reducción de entre 0,3 y 0,5 puntos del producto bruto geográfico porteño, en un distrito donde ese impuesto representa cerca del 70% de la recaudación.

Otra bandera de LLA es la reducción del Impuesto de Sellos, con recortes en las alícuotas de compraventa de autos e inmuebles y transmisiones patrimoniales. Las tasas pasarían del 3 al 1,2% en vehículos, del 3,5 al 1,75% en operaciones inmobiliarias y del 0,5 al 0,25% en herencias y división de bienes. El costo fiscal proyectado oscila entre los 20.000 y 25.000 millones de pesos anuales, lo que representa un golpe directo a la capacidad de autofinanciación del Ejecutivo porteño.

Finalmente, el bloque libertario propone derogar el artículo 77 de la Ley Arancelaria, que habilita el cobro de derechos de timbre por servicios ya cubiertos por el ABL, como el bacheo o la reparación de veredas. Aunque el impacto fiscal sería marginal, la medida tiene alto valor simbólico como señal contra lo que LLA denomina “impuestos encubiertos”.