En fines del año pasado, en plena pandemia, Alberto Fernández había hecho una amague para sancionar la ley de abastecimiento con el fin de que los grandes empresarios de bienes para la construcción ofrezcan sus productos con precios razonables en el mercado.

Mismo caso es el de ahora, pero con el escenario impuesto de la nueva medida que abarca a los grandes productores de bienes de consumo masivo (alimentos, productos de limpieza etc.). Luego de que se haya publicado la norma, varios grupos de empresarios mostraron un desacuerdo con la medida de ofrecer los productos a dichos precios en las góndolas de los supermercados. Sin embargo, tener que llegar a la aplicación de dicha ley privaría de manera tajante la flexibilidad en el mercado.

“El intento de ordenar una política de precios genera malestar. Es el comportamiento empresario. Si hay malestar en los empresarios, hay más malestar en el pueblo”, expresó el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti.

La ley de abastecimiento busca darle mayor participación al Estado en cuanto a sanciones y regulación. Por un lado, desde el Gobierno podrían mandar a allanar comercios y aplicar sanciones sin una orden judicial. Según el artículo 5, en caso de no cumplir con lo establecido habría multas de hasta $1.000.000 para los empresarios. Por otro lado, el Estado también tendría el permiso para mandar a clausurar el establecimiento del productor por un período de 90 días.

Desde el Gabinete económico junto con la Secretaria de Comercio, dialogarán estos días para poder llegar a un mejor acuerdo entre ambas partes para no tener que llegar a instancias de sancionar una ley que perjudique en gran medida a los empresarios.