Esta semana se produjo una polémica sin precedentes en el radicalismo bonaerense. La conducción de Daniel Salvador había excluido del partido a 780 dirigentes para que no puedan participar del acto electoral ni integrar las listas que se inscribirán el próximo 11 de septiembre.

En el espacio que conduce el intendente de San Isidro Gustavo Posse alzaron la voz ante la autoritaria decisión, ya que todos los dirigentes pertenecen a la línea opositora que busca renovar las autoridades partidarias. En el oficialismo argumentaron que no podían participar por haber integrado otras listas en las últimas elecciones nacionales.

El dirigente Leandro Ipuche presentó una acción de amparo colectivo contra la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires para defender el derecho de los correligionarios que fueron apartados. La definición recayó sobre el Tribunal Criminal Nº6 de San Isidro, quien ordenó la inmediata reincorporación de los dirigentes discriminados.

La decisión llegó este viernes 4 de septiembre, y lleva las firmas de los jueces Sebastián Urquijo, Federico Tuya y Debora Ramírez, y del auxiliar Marcos Rosso.

Luego de las argumentaciones, los firmantes ordenan «restituir al estado anterior de cosas y que conlleva la inmediata reincorporación al padrón de afiliados de los ciudadanos detallados en el anexo I que dicha resolución excluyó…».

Expresan que se deben suspender “sus efectos y ordenando la inmediata reincorporación de los afiliados”. También solicitan “librar un nuevo oficio a la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires a efectos que tome nota de la aclaratoria dictada mediante el presente pronunciamiento, y de cumplimiento a sus disposiciones”.

Así, cerca de 780 dirigentes que habían sido proscriptos por el oficialismo radical bonaerense podrán integrar las listas y sufragar libremente.

Se puede leer el fallo completo aquí: resolucion rectifica cautelar