Por Elisa Rossi

El martes 29 de julio llegaron con camiones y topadoras de la Municipalidad a primera hora de la mañana y entrada la noche ya habían desalojado sin grandes contratiempos a más de 40 personas – muchos niños - que usurparon terrenos del ONABE, Organismo Nacional de Administración de Bienes, ubicados en Martín Coronado sobre Avenida Presidente Perón entre Matienzo y las vías del ferrocarril Urquiza.

El Juzgado Federal Nº 2 de San Martín dispuso esta medida como producto de la demanda iniciada hace dos años y que contaba con sentencia hace varios meses. De hecho, a principio de 2008 existió un intento fallido porque estaba vencido el plazo del mandamiento del magistrado; esa situación llevó a organizarse a los usurpadores que vivían en locales precarios.

Florentino Narváez, coordinador de corresponsales del organismo que está bajo la esfera de la Secretaría de Obras Públicas, explicó a La Noticia Web que siguieron todos los pasos administrativos y jurídicos.

También contó que el Estado nacional donó el predio al municipio “con cargo”, esto significa que deberá ser empleado para el bien común. Aún no confirmado públicamente, el proyecto es ensanchar Presidente Perón para destrabar el tránsito que circula entre Coronado y Ciudad Jardín; algo debe hacerse: el costoso túnel construido en la calle Panamá no cumple con el cometido de descongestionar la localidad donde se levanta la planta de Peugeot.

El operativo fue coordinado por Miguel Ángel Ríos, secretario General de la Comuna, y Jorge Urrutia, presidente del bloque justicialista en el Concejo Deliberante. También siguió todo de cerca Dora Curcio, directora de Planeamiento y abogada de confianza del intendente Hugo Curto.

La policía se mantuvo a discreta distancia y no resultó necesaria su intervención; en cambio, la gente de Defensa Civil y de Servicios Urbanos tuvo bastante trabajo. Ocho camiones hicieron una docena de viajes trasladando los bienes de los desalojados, en algunos casos a pensiones en Ciudadela (los costos corren por cuenta del Estado local), en otros a casas de familiares en distintos puntos del conurbano e incluso asentamientos de José León Suárez.

Dos personas fueron llevadas a hospitales del distrito. Uno de los casos, una abuela indocumentada sola. No es la única que tiene ante sí un futuro incierto.

Una familia que vivía allí hace 11 años esperaba desolada el turno en que desmantelen su hogar. Mencionaron que no tienen a donde ir, y señalaron que como otros intentos de desalojo no creyeron que éste fuese a concretarse.

Rubén Quiroz llegó al barrio hace 9 años proveniente del Chaco y hace changas. En medio de su bronca, a la par que embolsaba sus pertenencias, apuntó contra un edil peronista vecino de Coronado que, según sus palabras, los buscaba para las elecciones con promesas bajo el brazo.

Además dijo que llevaron a cabo hace unos meses una reunión en la Municipalidad en la cual les habrían ofrecido dinero para que abandonen el lugar, pero ellos pidieron viviendas. Y Curto no cedió.

Claro está que hubo hasta ahora flexibilidad. Por otro lado, mientras hay vecinos que siempre se opusieron a la usurpación e ilegalidad de algunos de estos locales, otros desconocían qué ocurría frente a la plaza de la estación.