El juez le pidió al Ministerio de Seguridad que «adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho».
El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, dictó una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que «actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales».
El juez convalidó parte del pedido de la legisladora, Celeste Fierro y luego de evaluar el informe que recientemente le había pedido a la cartera que dirige Bullrich, el magistrado exhortó al Ministerio de Seguridad a «adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho».
Casanello consideró que el detalle de los antecedentes y distintos aspectos del procedimiento que fundamentaron el diseño del protocolo, enviado por el Gobierno tras su ultimátum de 72 horas, no siguen los parámetros del derecho y remarcó, particularmente, que «no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales».
La Justicia Federal dictó una cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/ogsxt9RxiW
— Ámbito Financiero (@Ambitocom) February 7, 2024
Ahora, Bullrich tendrá que comparecer ante la sede del tribunal porque el juez convocó a la audiencia de habeas corpus para el día 14 de febrero a las 11 de la mañana.
«Frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales antes señalados. La decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda -suspensión de la Resolución-, en la medida en que luce posible alcanzar el reaseguro a través de los lineamientos que se expondrán a continuación», sostiene la resolución.
La causa fue iniciada por la denuncia presentada por la diputada Fierro. «Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’», destacó Fierro.
