Un dato certifica la magnitud. En la presidencial de 2011, los partidos políticos destinaron -según sus declaraciones- 5% de sus fondos de campaña a propaganda on line. En 2017, los gastos en ese rubro, representaron el 31%.

La explosión fue atada, al menos en parte, a la centralidad que adquirió el formato Web y las redes sociales. Que, en paralelo, supuso problemas y dilemas nuevos, no contemplados por las leyes.

La Cámara Nacional Electoral CNE) ensayó, en una Acordada Extraordinaria firmada el 16 de agosto pasado, un paquete de recomendaciones y medidas.

Aunque el tribunal tiene en estudio la cuestión «digital» y el control de los fondos de campaña, en los últimos meses estos temas entraron en agenda por el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos y de Cambridge Analytica, la empresa que admitió intervenir en campañas sucias, entre las cuales su ex CEO mencionó Argentina en el 2015.

La Cámara suele mencionar, como referencia, la idea del «voto informado» respecto a la calidad democrática. Pero ahora, los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, advierten que «se ha acentuado la preocupación por el desempeño de tácticas de manipulación y desinformación».

Y pone el foco en la utilización de perfiles y noticias falsas (fakes) «construidas para crear corrientes de opinión» y refiere a «la acción de comentaristas pagos que utilizan perfiles falsos, conocidos como trolls, y de cuentas denominadas bots».

A la vez que admite que la regulación es compleja y excede las facultades de la CNE, establece una serie de medidas que apuntan a tratar de mitigar esos problemas en materia de campañas políticas y procesos electorales.

La Acordada define cinco acciones:

# La CNE creará un «registro de cuentas» para que los candidatos y partidos especifiquen cuales son sus cuentas oficiales, que será publicado por los juzgados electorales, y debería servir para que distinguir cuentas falsas y oficiales.

# A la vez, la CNE publicará los monitoreos que realiza en redes sociales respecto a la propaganda electoral, como una manera de controlar los spots y eventuales «evasiones» en cuanto a gastos de campaña.