Las aguas de esta inundación no tienen color político. El único que podemos percibir es el negro uniforme de los líquidos cloacales. Sin embargo, todavía no hemos escuchado a ninguna autoridad que diga lo obvio, lo primero que aprendimos sobre ríos y arroyos en la ya lejana escuela primaria: la cuenca hídrica es el modo en que la naturaleza organiza un territorio. Y es la única manera válida en que se puede gestionar un curso de agua.

Sabemos que los principales arroyos que afectan a la Ciudad de Buenos Aires tienen un tramo que recorre municipios de la Provincia de Buenos Aires para terminar en el Plata. El Vega y el Maldonado nacen en la Provincia y el Medrano sigue una trayectoria errática que desafía los límites políticos, ya que uno de sus afluentes nace en la Ciudad, sale a la Provincia y vuelve a entrar, para terminar en el Río de la Plata, a la altura de la Av. General Paz.

Sin embargo, entre nosotros parece mantenerse la ficción de que es posible ocuparse cada uno de su pedazo de arroyo, como si no fueran la misma cosa. Proyectos, obras, autorizaciones para descargas industriales o cloacales las hace cada uno en su tramo, con total falta de criterio sobre el conjunto. Pero el sentido común debería llevarnos a hacer obras que se complementen entre sí. De lo contrario, cualquier intento de sacarse el agua de encima en la alta cuenca puede provocar desbordes aguas abajo.

No estamos haciendo nada de esto.

En el país nos hemos especializado en cambiar los problemas de lugar: Mendoza le quitó las aguas de riego a La Pampa. La Pampa le mandó sus desbordes a la Provincia de Buenos Aires e inundó Pehuajó.

El Área Metropolitana de Buenos Aires es una unidad y lo que allí se haga tiene que tener un planeamiento conjunto. En los arroyos tenemos que hacer obras de retención de agua, del tipo de lagos reguladores, como la represa Ingeniero Roggero que se hizo en la alta cuenca del río Reconquista. Y en la cuenca baja, obras de desagüe para sacar rápido el exceso de agua.

La gestión del sistema tiene que hacerse también en forma conjunta.

Se requieren formas de diálogo político a los que no estamos muy acostumbrados, que no se agotan en la definición de obras sino que van a su operación cotidiana.

Pero además, el agua afecta innumerables facetas de nuestras vidas, sobre las que hay que actuar. Esto implica cambiar los Códigos de Edificación y Planeamiento Urbano para incorporar la adaptación al riesgo de inundabilidad.

Por ejemplo, ¿por qué seguir utilizando cocheras subterráneas en los sitios en que sacamos toneladas de agua? ¿O por qué mantener las cámaras de electricidad bajo tierra, para tenerlas periódicamente inundadas? ¿No sería buena idea elevarlas? Apenas un par de ejemplos de lo que hay que incorporar a la normativa urbana, en discusión con los vecinos afectados.