La relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia sumó un nuevo capítulo de tensión. Esta vez, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un duro documento contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el presidente Javier Milei.

En una carta abierta, los obispos manifestaron su «profunda preocupación» por distintos aspectos de la iniciativa. Entre los puntos más cuestionados señalaron la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y la posibilidad de utilizar de manera inmediata terrenos afectados por incendios.

Según expresaron, la propuesta oficial implica riesgos para la administración de recursos estratégicos y limita la capacidad de intervención estatal sobre el territorio.

«Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles» para administrar el uso de la tierra, sostuvieron en el texto difundido este martes.

La advertencia no quedó allí. Los representantes de la Iglesia afirmaron que la iniciativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».

En ese marco, cuestionaron especialmente el capítulo referido a la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. «Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales», señalaron.

Los obispos también apuntaron contra las disposiciones relacionadas con los incendios forestales. Consideraron «alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido».

A lo largo del documento, la Conferencia Episcopal vinculó la discusión legislativa con una mirada más amplia sobre el valor social y ambiental del territorio. En ese sentido, recuperó conceptos del fallecido Papa Francisco y recordó que «la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija».

Además, remarcó que la tierra excede cualquier consideración económica. «La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico», afirmaron los obispos.

La carta también destacó el vínculo de las comunidades rurales, campesinas e indígenas con el territorio. Según plantearon, allí se construyen identidades, tradiciones y formas de vida que atraviesan generaciones.

Otro de los argumentos utilizados por la Iglesia estuvo relacionado con el modelo de desarrollo. Para respaldar esa posición citó al papa León XIV, quien sostiene que «el desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos».

La referencia incluyó además una defensa de los derechos colectivos y de la responsabilidad intergeneracional. En ese contexto, recordaron que «la justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros».

Hacia el final del pronunciamiento, los obispos incorporaron otro tema que consideran ligado al debate sobre la propiedad: el acceso a la vivienda. Allí advirtieron sobre las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder a una casa propia y reclamaron reglas equilibradas para el mercado de alquileres.

Finalmente, desde Cáritas Argentina, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen solicitaron que el tratamiento parlamentario del proyecto tenga como prioridad el interés general. En ese sentido, pidieron que quienes participen de la discusión legislativa orienten sus decisiones hacia «el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares».