La mesa política del oficialismo ordenó la agenda de febrero con la Reforma Laboral en el centro de la escena. El esquema de prioridades incluye definiciones para las sesiones ordinarias y una estrategia de negociación con los bloques aliados
Con el calendario legislativo ya en marcha y febrero como primera estación clave, el oficialismo acelera definiciones puertas adentro para ordenar una agenda que se extenderá luego al período ordinario. Aunque el temario de las sesiones extraordinarias no guarda relación directa con la cantidad de días disponibles para sesionar, el círculo más reducido del presidente Javier Milei elaboró un esquema de prioridades que apunta a avanzar rápido en algunos proyectos y dejar el tratamiento integral de otros para después del 1° de marzo.
Dentro de ese menú, la Reforma Laboral vuelve a ocupar un lugar central. El proyecto encabeza la lista de objetivos del Ejecutivo durante el verano y obliga a múltiples negociaciones simultáneas. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó a comienzos de enero el diálogo con los gobernadores para intentar descomprimir las objeciones que se acumulan en torno al capítulo tributario, particularmente por la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades, una medida que impactaría de lleno en la recaudación provincial.
En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantienen conversaciones con los bloques aliados. Mientras tanto, la mesa política del oficialismo discute internamente si aceptar los reclamos de las provincias o sostener sin cambios la postura que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo. “Están en contra de la baja de impuestos. Es sencillamente una locura”, lanzó uno de los integrantes del núcleo duro del Gobierno.
La discusión, sin embargo, sigue abierta y aún no aparece una síntesis que conforme a todos los sectores del Ejecutivo. Algunos funcionarios consideran necesario modificar el dictamen antes de llegar al recinto, mientras otros sostienen que cualquier ajuste debería resolverse directamente durante el debate parlamentario. Por ahora, no hay definiciones oficiales. “Estamos debatiéndolo. No definimos nada todavía”, reconoció una fuente con acceso directo a las conversaciones.
En ese contexto, tras una reunión breve de la mesa política, la administración libertaria decidió atender el pedido de un grupo de gobernadores aliados, en su mayoría patagónicos, que reclamaban la declaración de la Emergencia Ígnea para enfrentar los incendios forestales en el sur del país. El Ejecutivo avanzó así con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar partidas presupuestarias y reforzar los fondos destinados al combate del fuego.
La medida apunta a asistir a las provincias afectadas por el avance de los incendios, aunque en el plano político también puede interpretarse como un gesto en medio de la búsqueda de apoyos legislativos, una lectura que los interlocutores del Gobierno rechazan.
Otro de los temas que el oficialismo pretende discutir en febrero es la adecuación de la Ley de Glaciares. La iniciativa fue impulsada directamente por un grupo de gobernadores, con Marcelo Orrego, de San Juan, y Raúl Jalil, de Catamarca, como principales promotores. El proyecto podría tratarse junto con la Reforma Laboral y, en principio, llegar al Senado el miércoles 11 de febrero.
Según reveló un legislador de La Libertad Avanza, el oficialismo evalúa aprovechar el apretado cronograma de febrero para que ambas cámaras sesionen en paralelo. De concretarse esa estrategia, el Senado se abocaría a la Reforma Laboral y a la Ley de Glaciares, mientras que Diputados podría avanzar con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, otro de los puntos fuertes del temario.
Más allá de las trabas que persisten en el Parlamento Europeo, en la Casa Rosada aseguran estar dispuestos a avanzar con la ratificación del acuerdo. En simultáneo, algunos sectores del Gobierno analizan la posibilidad de sumar el envío de un proyecto para que la Argentina se incorpore al Board of Peace impulsado por Donald Trump, aunque por ahora se trata solo de una idea en evaluación.
Luego de haber postergado la Reforma del Código Penal y de incorporar esta semana la Ley Penal Juvenil a la lista de pendientes de febrero, en el oficialismo coinciden en que el objetivo inmediato es instalar el debate. La sanción definitiva, admiten, podría quedar para marzo. En el escenario más favorable, el Gobierno buscaría obtener media sanción en Diputados —la cámara con menor carga de actividad— y completar el trámite legislativo tras la apertura de las sesiones ordinarias, cuando el Presidente brinde su discurso inaugural.
Por estas horas, el clima en Balcarce 50 es de moderado optimismo. El equipo legislativo confía en avanzar con un temario que algunos definen como “amigable”, aunque continúan agotando instancias de negociación para reunir los apoyos necesarios y sostener un esquema de prioridades bien delimitado.
El jueves pasado, antes de la reunión de la mesa política prevista para el próximo miércoles, Santilli participó de un encuentro con los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en la Casa de Salta, con el objetivo de afianzar respaldos. Casi en simultáneo, en Parque Patricios, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora Patricia Bullrich encabezaron una reunión con empresarios de distintos sectores, bajo la atenta mirada de Karina Milei, para explicar los alcances de los cambios en el sistema laboral. En el oficialismo anticipan que ese tipo de encuentros podría replicarse en la provincia de Santa Fe.
