Por Diego Cano, para Infobae.com, doctor en Ciencia Política y especialista en temas de corrupción y fraude financiero.

La existencia de coimas relacionadas con la elección de sedes y la cesión de derechos de televisación en los torneos de FIFA no es algo que sorprenda completamente a quien conozca mínimamente el mundo del fútbol. Lo que sí resulta sorprendente es la dimensión del escándalo que estalló en la víspera de la elección de presidente de esa organización, y la extensión de la investigación que sustenta la acusación.

La causa asentada en un juzgado federal de Nueva York pone en el banquillo de los acusados a 9 altos dirigentes de la FIFA y de la CONCACAF, además de 5 ejecutivos de organizaciones dedicadas al marketing deportivo, entre los que se encuentran tres argentinos (Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo). Los cargos imputados a los acusados incluyen soborno, fraude por medios electrónicos, lavado de dinero y participación en una organización criminal, además de otros delitos menores.

Que la justicia norteamericana haya encarado una investigación de esta magnitud sobre las actividades de, quizás, la organización deportiva más importante del mundo es lo que hace de este caso un hito histórico, y sorprende, porque aunque existieran sospechas de que se pagaban coimas y retornos en relación con los derechos de organización y televisación, pocos pensaban que llegaría un día en que la justicia de algún país llegara al fondo de la cuestión. Es que, aunque muchos de los países cuyas federaciones de fútbol componen la FIFA hayan suscrito Convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, como las de Naciones Unidas, la OCDE, o la Convención Interamericana contra la Corrupción en nuestra región, es un secreto a voces que estas reglamentaciones no "tienen dientes", como se dice en Estados Unidos; no tienen capacidad para hacer cumplir sus disposiciones y castigar efectivamente los incumplimientos.

Los Estados Unidos, que cuentan con los recursos y el poder para extender el brazo de la ley más allá de sus fronteras, han reforzado en los últimos años las acciones relacionadas con leyes como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Pero esta ley sólo es aplicable para los casos de soborno y dádivas indebidas a funcionarios de organismos y agencias dependientes de estados nacionales. La FIFA, que no depende directamente de ningún Estado y que negocia principalmente con federaciones que tampoco están en esa situación y con privados, escapaba a este encuadre.

¿Cómo fue posible entonces la construcción de este caso?

Los pilares fundamentales fueron las leyes contra el lavado de dinero y el fraude postal (ampliado a todo medio de comunicación incluyendo los digitales) y la llamada ley RICO. Esta última, diseñada para luchar contra la mafia, establece una larga lista de delitos encuadrados dentro de lo que se denomina racketeering, y brinda la oportunidad a los fiscales de iniciar una investigación cuando se hayan cometido al menos dos de estos delitos con la presunción de que forman parte de una actividad continua. La importancia que se le concede allí a esta ley (que incluso quedó reflejada en uno de los capítulos de la primera temporada de la exitosa serie Better Call Saul) fue lo que permitió poner en movimiento los recursos de varias dependencias, incluyendo la colaboración internacional. Pero el principio de todo se dio a partir de uno de los puntos fuertes de la ley norteamericana, la IRS. Como le sucediera a varios intocables, incluyendo al mítico Al Capone, Chuck Blazer cayó por haber descuidado sus obligaciones tributarias y así fue como se convirtió en topo del FBI, resultando fundamental para la investigación.

En nuestro país no existe un espíritu similar en la materia. De hecho, recién después del estallido del escándalo la AFIP anunció que los argentinos acusados deberán aclarar su situación por los ingresos no declarados. Pero este caso nos enseña, una vez más, que la globalización también alcanza a la corrupción, y que cualquier actividad ilícita que involucre a bancos norteamericanos, incluso a través de transferencias electrónicas, o a filiales de empresas radicadas allí, o simplemente a aquellas que cotizan en la bolsa de Nueva York, puede dar lugar a una investigación que afecte a dirigentes y empresarios locales. Y allá, cuando quieren, muestran los dientes.

Como efecto derivado del escándalo se han reavivado los debates acerca de mejorar y endurecer la legislación anticorrupción en Argentina. Un diputado de la UCR ha salido a declarar que tiene un proyecto de ley que incluye, fundamentalmente, la protección de los testigos que pudieran aportar información que ayude a esclarecer delitos, evitar otros futuros, o la continuidad de los mismos. Considerando la importancia que tuvo Blazer para llevar la investigación a fondo, esto parece un cambio importante. Sin embargo es necesario que esta reforma se enmarque en una consideración más amplia de las circunstancias que suelen rodear a este tipo de casos, para lo cual sería bueno considerar la experiencia de nuestros vecinos, por ejemplo las recomendaciones que la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda chileno ha presentado después de los escándalos recientes en ese país.

La lucha contra la corrupción sigue siendo una tarea compleja y difícil, pero el caso FIFA demuestra que aún aquello que se supone improbable, puede llegar a pasar. Quizás el síndrome de "a mí nunca me van a tocar" haya tenido algo que ver en la caída de los acusados por esta investigación que, según las declaraciones de los fiscales, promete ir más allá aún.