El gobierno de Alberto Descalzo baja el conflicto con la Provincia: Se desdijo de los cargos respecto de una supuesta operación política en los incidentes del 30 de junio y negó tener algo que ver con las denuncias de corrupción en la Policía Local, durante una interpelación que tampoco lo expuso.

La cita había sido programada el viernes, luego de la convocatoria aprobada por la oposición el miércoles último. El FPV no la votó porque se cambió el texto y si pidió la presencia del intendente. Amparado por la Ley Orgánica, el Ejecutivo igual enviaría al secretario de Gobierno, Alfredo Almeida, en lo que pudo haber sido parte de todo un acuerdo premeditado. El funcionario le echó la culpa a su ex subsecretario de Seguridad, Hugo Rojas, por la pelea con Cristian Ritondo. Rojas fue echado recién el viernes. Había sido quien firmó la carta para retirarles las patrullas y los nextels a la Policía Local el viernes 17 de junio. No se explicó oficialmente si eso había sido una represalia por la salida del Comisario Jorge Castillo como jefe de la Unidad, ya que no hubo ninguna intermediación con el municipio. Descalzo pateó el tablero y ahora quiere reubicar las fichas.

En el recinto, Almeida no explicó por qué se sacaron las patrullas. Aunque no defendió a Castillo tampoco, acusado de arreglar custodias para empresarios amigos a cambio de algún dividendo. Uno de esos empresarios era Alberto Traverso, amigo del intendente y suegro del concejal de Cambiemos Sergio Crego. “Si Castillo es culpable será exonerado. Está investigando la Justicia”, se liberó Almeida. Sin embargo, el juego no es ese.

El secretario de Gobierno informó que el municipio se presentará como “particular damnificado” en la causa que investiga la denuncia presentada por Asuntos Internos. La tiene la Fiscalía 1 de Ituzaingó, donde también cayó otra por los incidentes frente al Circo Royal. Es la misma UFI que tramita la denuncia contra la mujer del Comando de Patrullas que atropelló y mató a Diego Aljanati a la salida de un boliche de colectora Acceso Oeste.

La UFI descentralizada de Ituzaingó está sobre la calle Brandsen, en una dependencia que alquila el municipio. Los Aljanati todavía esperan que la homicida vaya presa. La jugada de Descalzo tiene la clara intención de ingresar a los expedientes donde se investigan las denuncias que los agentes de la Policía Local vertieron sobre Castillo y la Municipalidad. Antes las cámara de PPT dijeron que los obligaban a participar de “actos” políticos.

“Queremos colaborar con la Justicia”, declaró Almeida. La estrategia no es sólo ver las denuncias. Ingresar como querellante es una forma de defensa.

Almeida negó acusaciones y cualquier otro tipo de manejo de la UPL. La autoridad la tiene la Provincia, claro. Pero esa es sólo la cuestión legal, no política, ni fáctica. Se sospecha que Descalzo, bajo el ala de Scioli y del ex ministro Alejandro Granados, pudo haber tenido ascendencia sobre Castillo.

Pese a todo, Almeida salió bastante airoso de la interpelación. Salvo algunas preguntas de rigor, el único que intentó ir al hueso fue el socialista Esteban Vallarino, quien les recordó a todos que si las denuncias eran cierta habría que avanzar hacia la “destitución” de Descalzo vía comisión investigadora. Por supuesto, el hijo del intendente, que preside el recinto, se enojó y la militancia pejotista que pobló el recinto lo insultó un buen rato.

No llamó demasiado la atención los centros que le tiró a Almeida el oficialismo, a excepción de María Susana Repetto, quien preguntó sobre las patrullas. Tampoco que algunos concejales de Cambiemos y del Frente Renovador colaboren con el discurso de Almeida. Carolina López preguntó si se creía que había una interna policía detrás de los incidentes del jueves 30 de junio. Descalzo se lo había dicho a los concejales hace unas dos semanas.

Esta vez Almeida bajó los decibeles, con la fuerza y con la Gobernación. Pidió por la ley de Policías Locales. Y dijo que no había ningún tipo de conflicto con la Provincia. El episodio de las patrullas, para Almeida, fue un “malentendido”. Y asegurío que se está por reunir con el ministro de Seguridad.

Sobre Castillo no emitió opinión. “Manejaba el Comando de Patrullas y tenían que poner un comisario de Ituizaingó”, recordó Almeida. Luego de la crisis por las patrullas, pasaron otros dos jefes en la UPL, uno proviniente de Ituzaingó. Gastón Di Castelnuovo (Cambiemos) le tiró con los $5 millones que adelantó la Provincia para Seguridad. Parte se usó para la Central de Monitoreo. La comuna dice que invirtió $15M, en lo que va del año.