La Corte Suprema concluyó este miérccon las audiencias públicas que habían sido convocadas en el marco del juicio que inició Farmacity y ahora deberá decidir si le permite a la firma abrir sucursales en la Provincia de Buenos Aires, algo que tiene impedido por la legislación vigente. La gobernadora mantiene su silencio en el tema.
La Corte Suprema de Justicia concluyó hoy con las audiencias públicas que habían sido convocadas en el marco del juicio que inició Farmacity y ahora el máximo tribunal deberá decidir si le permite a la firma abrir sucursales en la Provincia de Buenos Aires, algo que tiene impedido por la legislación vigente.
Este miércoles se llevó a cabo el último encuentro en el Palacio de Justicia, en donde se expusieron críticas tanto al modelo comercial de la empresa como a la falta de farmacias en ciertas zonas del territorio bonaerense.
Ahora, el máximo tribunal argentino deberá decidir si le permite a la compañía abrir sucursales en el distrito más poblado del país, para lo cual debería declararse inconstitucional una ley local que prohíbe que este tipo de establecimientos estén en manos de sociedades anónimas.
En la audiencia de este miércoles, que comenzó a las 10:15, expusieron los representantes de la cadena, de la Fiscalía bonaerense y del Colegio de Farmacéuticos provincial.
Los enviados de Farmacity aseguraron que la empresa estaría dispuesta a llegar a los lugares más carenciados del distrito para «cubrir una demanda insatisfecha», mientras que las otras dos partes aseguraron que la firma «incumple con todos los procesos sanitarios» y «ataca a la profesión».
La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir por tener una relación previa con la compañía. De hecho, el flamante presidente de la Corte tiene como socio en su estudio de abogados a Gabriel Bouzat, el apoderado y principal defensor de Farmacity durante el debate de este miércoles.
En tanto, Rosatti trabajó antiguamente con Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la compañía y la otra oradora del día a favor de declarar inconstitucional la Ley número 10.606 de la Provincia de Buenos Aires.
