Por Maxi Abad, Jefe del bloque de Diputados Juntos por el Cambio, Provincia de Buenos Aires

“El 10 de diciembre voy a recomponer sus salarios y voy a recuperar jubilaciones. No hay otro modo de volver a poner en funcionamiento la economía, por eso habrá un aumento del 20 por ciento en las jubilaciones”, dijo Alberto Fernández el 29 de julio de 2019 en campaña. Y agregó: “Todo lo demás es una ficción teórica”.

La ficción de Fernández vista desde hoy, parece una novela triste. Lo que pasó en la realidad es que la decisión fue congelar las jubilaciones, suspendiendo la ley de movilidad y dejando a los jubilados a merced de la discrecionalidad de un gobierno. El anuncio del viernes completa el panorama: de la reactivación de la economía y poner plata en el bolsillo de los jubilados a un aumento de $197 mensuales para los que cobran la mínima; y una quita que va entre 2 mil y 3 mil pesos a los que cubren con lo justo la canasta básica de los jubilados. El final de la ficción de Fernández es más que penoso.

Cuando en diciembre de 2017 el gobierno anterior impulsó la discusión en el Congreso, como debe ser, los que hoy gobiernan se indignaban: es una “engaña pichanga”, decía la actual vicepresidenta. Pero cuando llegaron al poder defraudaron hasta su propia indignación: finalmente, el ajuste lo van a pagar los jubilados que están apenas por encima de la jubilación mínima. Todos ellos, en todos los segmentos, cobrarán menos que lo que hubieran cobrado con la fórmula de la ley de movilidad que quisieron enterrar debajo de 17 toneladas de piedras cuando rompieron la plaza.

Lo vendan como lo vendan, le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados. Las Cámaras le dieron superpoderes al Presidente y los usó para un ajuste contra ellos. Y es que la desorientación de un gobierno que no puede procesar las internas de su propio frente se evidencia también en las medidas que implementa. Perdieron el foco, creen que son los jubilados los que tienen que llevar el peso del ajuste.

El resultado lo conocemos, porque ya lo hicieron antes: hoy hay 300.000 juicios de jubilados contra el Estado, por un monto que supera los 7.000 millones de dólares. Este parche que implementó con los aumentos por decreto, que reduce los ingresos que hubieran percibido por una ley votada en el Congreso, va a aumentar enormemente la litigiosidad. No solamente perjudican a los jubilados de hoy, también afectan las cuentas públicas para el futuro. Sabemos de memoria que eso nunca termina bien.

Es tan delirante el esquema que termina por considerar a un jubilado que hoy gana 16.000 pesos como parte de “los que más tienen”. Esos son los que aportaron toda la vida, para que el Estado le respete su libertad, su derecho a disfrutar de ese aporte, y no que lo convenzan con que si toma algún remedio del vademécum suma un beneficio más.

El candidato que prometió aumento del 20% para los jubilados desde el primer día que pisara la Casa Rosada, se puso el traje de presidente y en dos meses volteó una ley que los beneficiaba, y ahora les recorta sus ingresos. Todo lo demás es una ficción teórica.