El debate por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para 2011 comenzó hace dos semanas. El primero en presentar los lineamientos del proyecto fue el ministro de Economía, Alejandro Arlía, en compañía de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, el senador Patricio García y el diputado Franco Laporta.

Por ese entonces, parecía que el reclamo de la Coalición Cívica, que había denunciado el uso excesivo de los fondos del Instituto de Previsión Social de la provincia, iba a quedar en el camino, manifiesto sólo en la decisión de este bloque de no acompañar el proyecto. Pero sorpresivamente, desde el GEN coincidieron en que hay que ponerle un freno al uso de esta caja, por más superávit que se declare.

Javier Mazza, titular del IPS, se presentó ayer en la Legislatura en el marco del cierre de presentaciones y defendió su gestión y la de Scioli. Además, destacó el aporte de los intereses que la provincia paga por el uso del dinero.

Se estima que el excedente de la caja de jubilación provincial sea de 12.200 millones de pesos para el año que viene. Así Mazza defendió la utilización de los fondos superativarios y argumentó que “el Instituto hoy está percibiendo por las letras previsionales un interés superior al 8% de interés anual, lo que genera 150 ó 160 millones de pesos que se acumulan en los recursos con garantía de coparticipación, cuando en otros años percibía tasas inferiores al 1% anual”.

En este sentido, el diputado Laporta, había subrayado que con un “cambio en la legislación se consiguió readecuar el pago de intereses”. En tanto desde el GEN, el diputado Juan Carlos Juárez contraatacó asegurando que “una ley no puede estar por sobre la Constitución nacional y provincial, por ello, no queremos incluirlo en el Presupuesto general porque desvirtúa su fondo total y de ese modo, pasará a ser de 71 mil millones de pesos, y no de 83 mil como está pautado”.

De esta manera, según explicó el legislador, se desvirtuaría también el déficit proyectado en el presupuesto incrementándolo a “7 mil millones de pesos” sobre los “5 mil” que se señalan en el documento.

Lo cierto es que esto da un giro en una discusión que no presentaba grandes resistencias para el oficialismo. Los distintos bloques de la oposición se mostraron preocupados en las primeras semanas de debate por la escasa inversión que se preveía para desarrollo social, pero con el correr de los días cada uno priorizó un área.

Desde Unión Pro, el reclamo más fuerte se hizo sentir para el área de seguridad, donde algunos aseguraron que no existía un “gran aumento” tal como lo había anunciado el oficialismo y que si se miraban los porcentajes del presupuesto de 2010, se repetía prácticamente el mismo esquema. Así, el nuevo megaministerio que conduce Ricardo Casal, tiene una partida similar la que iban a manejar por separado este año las dos carteras, Seguridad y Justicia.

En tanto desde el radicalismo, donde la voz de los intendentes tiene peso propio ya que varios de los legisladores de este espacio fueron jefes comunales de sus distritos, el interés reside en conseguir más fondos para las comunas del interior provincial.

Finalmente quienes consiguieron aunar voluntades como para ejercer cierta presión en el recinto fueron la Coalición Cívica y el GEN. Lo cierto es que el gobierno provincial necesita de esos fondos para financiar gastos, así se espera una negociación trabada y una votación a manos contadas para la semana que viene, la nueva fecha en que se espera se trate la Ley del Leyes.