En el pedido se pone de relieve la importancia de generar este esquema para que haya una definición justa y equitativa de los conflictos en el ámbito del empleo público, al buscar la solución por medio un ente por fuera a los intereses en disputa. Además, va en línea con las diferentes iniciativas presentadas en las cámaras que apuntan en el mismo sentido.

Puntualmente, la exigencia es para que se cumpla con el artículo 39 inciso 4º de la Constitución, que establece que “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado Provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”.

En ese sentido, Lorenzino planteó que “consideramos que la negociación colectiva del sector público provincial es un ámbito de promoción del diálogo, de búsqueda de consenso y consagración de la equidad en el tratamiento de las relaciones entre el Estado y los trabajadores, por lo que impulsamos el tratamiento de dichas iniciativas dentro del ámbito de la Legislatura, a fin de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución”.

El reclamo de la Defensoría se da en medio del conflicto que mantienen los gremios docentes y la administración provincial, y por el cual el organismo se postuló como facilitador para buscar un punto de acuerdo.