
«Nuestro deber es velar por el pleno cumplimiento de los mismos y de las políticas públicas», expresó Vouilloud ante La Noticia Web.
En un comunicado conjunto con la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Republica Argentina, el organismo que funciona en Vicente López, expresó su preocupación por la paralización de obras nacionales. «La decisión de suspender estas obras ocasionó la pérdida de 100.000 puestos de trabajo y, principalmente, afectó el desarrollo de infraestructura esencial como rutas», expresó María Celeste Vouilloud, titular del organismo en el distrito gobernado por Soledad Martínez.
En el comunicado que se compartió en redes sociales expresan preocupación por la «paralización de las obras públicas, en particular, las de los corredores viales nacionales: el mantenimiento, la pavimentación y/o repavimentación.».
Comunicado oficial de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (@defensoriasadpra) mediante el cual se expresa su preocupación por la paralización de las obras en rutas nacionales. pic.twitter.com/l09YXm0axn
— Defensoría del Pueblo de Vicente López (@defensorvlopez) April 23, 2025
Consultada por este medio por la adhesión, María Celeste Vouilloud, defensora del pueblo en Vicente López, dijo: «En primer lugar, adhiero a la declaración emitida por la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina, entidad de la cual formo parte de la comisión directiva y de la que nuestra Defensoría forma parte desde su creación, en solidaridad con las demás Defensorías, especialmente las del interior del país.»
«La obra pública actualmente tiene cerca de 3.500 proyectos inconclusos y una deuda estimada en $300.000 millones (según la Cámara Argentina de la Construcción) y se encuentra casi en su totalidad paralizada.», continuó.
«La decisión de suspender estas obras ocasionó la pérdida de 100.000 puestos de trabajo y, principalmente, afectó el desarrollo de infraestructura esencial como rutas, hospitales y escuelas, de modo que, Defensores y Defensoras del Pueblo del país entendemos que esto consiste en una vulneración a los derechos y nuestro deber es velar por el pleno cumplimiento de los mismos y de las políticas públicas.», concluyó al respecto.
El pedido de transferencia de obras públicas a la Provincia de Buenos Aires ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Gobernadores y funcionarios locales han solicitado que las obras paralizadas por el gobierno nacional sean transferidas a las provincias para garantizar su continuidad.
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, fue uno de los funcionarios que denunció esto públicamente. En un acto reciente, Katopodis afirmó: «Hace casi dos años que no se realizan obras de infraestructura nacionales en nuestro país. Paralizar la obra pública no es gratis: se destruyen fuentes de trabajo, de producción y se pierde una gran oportunidad de desarrollo.»
Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia, calificó como «criminal» la decisión del gobierno nacional de detener obras educativas, de salud y de infraestructura social básica.
En este sentido, el gobernador señaló: «El parate en obras públicas es una decisión que afecta directamente a los bonaerenses. La obra pública genera trabajo, producción y bienestar, algo que el gobierno nacional parece no entender.»