Durante los primeros días del 2026, el Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el ente investigado por presuntas coimas a laboratorios. Dicho decreto generó una serie de rechazos al que se plegó la Defensoría del Pueblo de Vicente López.

Mediante un comunicado, el organismo dirigido por María Celeste Vouilloud, expresó: «Esta medida configura una afectación directa a la institucionalidad pública en materia de discapacidad, al suprimir un organismo rector con competencias específicas y transversales, y sustituirlo por una estructura sectorial que no resulta equivalente en funciones, jerarquía ni capacidad de coordinación interministerial.»

«La discapacidad no es una cuestión meramente sanitaria. Reducirla al ámbito exclusivo de la salud implica reinstalar una mirada medicalizante y reduccionista, largamente superada por los estándares internacionales, que desconoce la dimensión social, jurídica, educativa, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitaria de la discapacidad. Las personas con discapacidad no son pacientes: son sujetos plenos de derechos, titulares de autonomía, dignidad, participación social e igualdad real de oportunidades.», añade el mismo.

📨 Comunicado oficial de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (@ContactoAdpra) sobre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. pic.twitter.com/r80OQDmyHD

— Defensoría del Pueblo de Vicente López (@defensorvlopez) January 5, 2026

Cabe destacar que esta decisión del Ejecutivo se da en medio de la investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), iniciada en agosto de 2025 tras la filtración de audios que involucraban a su entonces director, Diego Spagnuolo.

Las grabaciones que dieron origen al caso mencionan negociaciones de sobornos y protección política. Algunas de los audios señalan que la red habría operado bajo el mando de Karina Milei.

«La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina advierte que avanzar en la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad constituye una decisión equivocada, regresiva y jurídicamente objetable, que debilita la arquitectura institucional de protección de derechos.», cierra el comunicado.