Los principales líderes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires se reunieron este miércoles en Gobernación para aunar criterios en torno a la suspensión de las PASO que sigue sonando como una cercana posibilidad para las elecciones 2023, aunque divida aguas de un lado y del otro de la grieta.

El conclave a puertas cerradas había sido convocado por el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, en la última reunión del PJ bonaerense y tuvo por objetivo dirimir posturas ante posible cambio del calendario electoral. Si bien a nivel nacional parecen desvanecerse las presiones para suspender las PASO, en la Legislatura bonaerense también deberá abrirse el debate.

En este camino, el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner, los ministros nacionales Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y sus pares provinciales, Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Leonardo Nardini (Infraestructura), Pablo López (Hacienda y Finanzas) y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se reunieron.

También asistieron a la cita, los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; Ituzaingó, Alberto Descalzo y los jefes comunales en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Pese a la expectativa que generó el encuentro los presentes se fueron de Casa de Gobierno sin dar mayores precisiones.

Vale recordar, que durante el encuentro del PJ bonaerense del martes pasado, donde se reprogramó el Congreso partidario para el próximo 5 de noviembre, Máximo Kirchner planteó que el debate por la suspensión de las PASO “es un tema a resolver”. “Ante las posturas como la de Teresa (García), que quieren suspender las PASO, y otras que no quieren, lo seguiremos charlando pero vamos a tener que tomar una postura pronto para ver cómo avanzamos”, dijo en su momento.

Hasta el momento no hubo una manifestación unánime del peronismo en torno a la suspensión de las PASO, aunque dentro del entorno la vicepresidenta Cristina Kirchner hicieron públicas sus intenciones de sacar las elecciones primarias al menos para las elecciones 2023.

Hace unos días, la jefa de los senadores del Frente de Todos, Teresa García, pidió abiertamente por la suspensión de las PASO. En el mismo sentido,  también salieron a manifestarse Andrés “Cuervo” Larroque, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la bonaerense Juliana Di Tullio, todos cristinistas.

A la espera de una definición conjunta del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires sobre la suspensión de las PASO, durante el conclave se abordó la agenda política del oficialismo con miras al año electoral y se comenzaron a delinear los principales ejes del Presupuesto 2023.

Una de las demandas que volverán a presentar los intendentes de la oposición será incorporar por ley el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para que no sea tomado como moneda de cambio para las negociaciones del Gobierno bonaerense. La intención es que los fondos tengan un fuerte incremento por encima de los $ 17 mil millones de este año, contemplando la inflación proyectada y una compensación por las obras demoradas en el 2022.

Además, desde el sector reclamarán que se coparticipen los fondos que llegan desde Nación sin pertenecer a programas específicos. Entre ellos están los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), pero fundamentalmente se apunta al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que representa más de la mitad de los recursos “discrecionales” que Kicillof recibió este año.

En cuanto a la Ley Impositiva, el Gobierno tiene la idea de continuar en línea con el presupuesto actual sin modificaciones respecto a las alícuotas de Ingresos Brutos, pero con un incremento los topes de facturación alterados por la inflación. Habrá retoques en los impuestos patrimoniales, con una progresividad similar a la de la ley en curso, e incluso se anticipa que los sectores más vulnerables tendrán una baja en la carga impositiva.

Según pudo reconstruir este medio, el Presupuesto 2023 de Kicillof rondaría en los $ 6 billones, una cifra que se condice con lo que se terminará por ejecutar este año (alrededor de 3,7 billones) más el 60% de inflación estimada para el próximo ejercicio por el Presupuesto nacional.